De maestro de obra a preso político: Castigo del régimen a trabajador de proyectos gubernamentales

Cada vez que su hijo de tres años pregunta por su papá Lilieth Poveda Fuentes le responde que anda trabajando, para comprar su leche y la comida de la casa. Lleva cinco meses evitando con esa respuesta que el niño se entere que su padre, William Antonio Caldera Navarrete, obrero originario de Masaya, está en prisión, y que podría ser condenado a más de veinte años de encierro.

“Al niño le tengo que decirle esta mentira piadosa, sobre todo en horas de la mañana que es cuando más pregunta por él. No me atrevo a contarle el calvario que está sufriendo su papá, para no causarle un daño psicológico”, cuenta entre lágrimas Lilieth, de 33 años.

William es un maestro de obra que antes del abril del 2018 trabajaba en proyectos de inversión pública. Trabajó en la rehabilitación de puestos de salud, escuelas, en construcciones de hospitales primarios y viviendas. Ahora es parte de los más de cien nicaragüenses encarcelados y condenados por razones políticas, que son disfrazadas a través de acusaciones por delitos comunes. Un castigo por manifestarse contra las injusticias, las violaciones de derechos humanos y respaldar los reclamos de libertad y democracia.

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“En el último proyecto del gobierno que mi esposo trabajó fue en la construcción del hospital primario de Corn Island, pero participó en muchas otras que se ejecutaron en otros departamentos, pero en abril del 2018 al ver las injusticias que se estaban cometiendo contra opositores decidió sumarse a las marchas, y a partir de ese momento empezó a ser víctima de acoso y persecución, ya que meses después él continuó mostrando su rechazo en redes sociales”, explica su esposa.

LA CAPTURA

El 14 de septiembre del 2020 comenzó la pesadilla, dice. Agentes de la Policía llegaron a su casa, en el barrio “Ulises Tapia Roa”, de Masaya, y de forma violenta fue sometido y trasladado a una celda. Eran las 2: 20 de la tarde “y tras tumbar los portones ingresaron a la vivienda y en ese momento mi marido acaba de almorzar y se encontraba descansado en el cuarto. A golpes lo sacaron de la cama y se lo llevaron con su moto y tres teléfonos, entre ellos el de mi suegra y el mío”, rememora.

Ese mismo día también fue detenido al excarcelado político Danny García González. Dos días después ambos fueron exhibidos ante medios oficialistas como coautores de los delitos de tenencia de artefactos explosivos, portación de armas de fuego y tráfico de drogas.

La Policía dijo que William y Danny fueron detenidos a las 7: 30 de la mañana, cerca de la rotonda San Jerónimo, portando dos armas de fuego, calibre 38, diez artefactos explosivos y doce libras de marihuana.

Sin dilaciones, la Fiscalía formuló los cargo por los tres delitos y el pasado 4 de febrero la juez Nancy Aguirre Gudiel, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, los declaró culpables.

Durante el proceso, la defensa contó con pruebas que favorecían a los acusados y demostró que ni la fecha de captura reportada por la Policía era la correcta. La jueza resolvió que hubo un error en la fecha del comunicado y en la publicación hecha por el oficialista 19 Digital: “Somos humanos nos podemos equivocar”, justificó.

FISCALÍA PIDE 24 AÑOS DE CÁRCEL

La fiscalía Javiera Casco Valle solicitó en el debate de pena una sentencia de 24 años de cárcel para los dos presos políticos: 15 por tráfico de drogas, 8 por tenencia de artefactos explosivos y uno por portación de armas de fuego. La sentencia judicial se dará a conocer el próximo 11 de febrero.

“Esto para mí ha sido difícil. Son ya casi 5 meses los que tiene mi marido de estar preso injustamente y eso lo sabe todo el barrio y Masaya. La gente sabe dónde lo detuvieron y que es totalmente falso que trafique drogas y que ande con armas, porque William es un hombre de bien y muy dedicado a su familia”, expresa Lilieth Poveda Fuentes, quien trabaja como empleada doméstica para hacer frente a la situación y la manutención de sus hijos, una adolescente de 15 años y el menor de 3.

“William era el cabeza de familia; también le ayudaba a sus padres, y con esto he tenido que salir a buscar trabajo para sacar adelante a mi hijos y ayudarle a él en la cárcel”, agrega.

La mujer no solo denuncia la condena que considera injusta y motivada por asunto políticos. Si no también malos tratos y abuso de funcionarios del penal donde William permanece recluido: “En todo este calvario que estamos viviendo, también hemos sufrido atropellos en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, ya que a mi hija en una ocasión que fuimos a visitar a su papá me la manosearon durante la requisa, en otra ocasión no le querían dar carnet y a mí una vez me negaron la visita aduciendo que William andaba en los Juzgados y era falso”.

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El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que registra las denuncias sobre detenciones relacionadas con temas políticos, y que es reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reportó en diciembre de 2020 la existencia 118 presos políticos en Nicaragua, incluidas personas encarceladas antes de abril de 2018.

En su informe, el Mecanismo recoge denuncias de abusos en los penales como la que reporta Lilieth. Mencionaron “tocamientos y otras formas de abuso sexual” en contra de los familiares, en especial de las mujeres o madres de los reos, quienes informaron que han sido obligadas a hacer sentadillas sin ropa.