Juicios políticos siguen, pese a amnistía orteguista

Jueces no actúan según lo que manda la cuestionada amnistía. “Sentencias absolutorias ninguna hasta ahora”, denunció Yonarqui Martínez.

Ninguna de las causas penales impulsadas contra los más de 600 presos políticos excarcelados por el régimen Ortega-Murillo ha sido anulada. Es la denuncia hecha por la abogada Yonarqui Martínez, parte del equipo  Defensores del Pueblo que ejercen la representación legal de los ciudadanos víctimas de procesos viciados

“Sentencias absolutorias ninguna hasta ahora”, reclamó la abogada tras exigir al sistema judicial que “se me aclare el estado legal (de los liberados bajo amnistía) hasta ahora en silencio”.

“Mandan a firmar donde no hay orden. Que desorden legal, señores del Poder Judicial trabajen por favor, es hora  de que estos jóvenes estudien”, reprochó Martínez.

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La Ley de Amnistía que el régimen aprobó bajo las excusa de cumplir con los acuerdos de liberación de los presos políticos – pese a que existían salidas jurídicas – establece que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias al momento de entrada en vigencia de la presente ley”.  

Según las normativa aprobada de forma exprés por la representación orteguista en la Asamblea Nacional, la misma se aplica a todos los ciudadanos que sufrieron cárcel por involucrase en manifestaciones cívicas contra el régimen.

Defensores de presos políticos liberados han denunciado al menos tres casos en los que los juicios han sido re-programados y no anulados como manda la amnistía orteguista.

Esta violación a los acuerdos se suma al reclamo de liberación de al menos 89 presos políticos que el régimen se rehúsa a reconocer.

EN OPINIÓN: La vecina Costa Rica

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las autoridades de  Nicaragua a “liberar a todas las personas aún privadas de libertad en relación con las protestas e insta a proteger de intimidaciones y represalias a todas aquellas ya excarceladas y a sus familiares”.