Entra en vigor reforma que legaliza detenciones arbitrarias hasta por tres meses

A partir de este viernes cualquier ciudadano podrá permanecer detenido hasta por tres meses bajo investigación. La polémica reforma al Código Procesal Penal para ampliar el tiempo de detención para los sospechosos antes de enfrentar juicio fue aprobada el pasado 2 de febrero y con su publicación hoy en el diario oficial La Gaceta ya puede ser aplicada.

La enmienda a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal fue promovida por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional y respaldada por sus aliados. Dicha norma ahora establece que una persona podrá estar detenida, bajo investigación, entre 15 días y 90 días, y no 48 horas, como estaba establecido.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) manifestó su rechazo a esta reforma porque legaliza las detenciones arbitrarias que se cometen en Nicaragua desde abril de 2018, como parte de la política represiva del régimen de Daniel Ortega para exterminar las protestas en su contra y castigar los reclamos de democracia, justicia y restitución de derechos humanos.

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Con la reforma se incorporan dos nuevos términos: el de “investigación complementaria” y el de “Audiencia Especial de Tutela y Garantías Constitucionales” en el proceso de investigación policial de un detenido. Así, la Policía podrá mantener en prisión a un ciudadano, aun cuando no existan pruebas, y la Fiscalía se encargará de solicitar al juez la ampliación del plazo cuando se haya vencido de las 48 horas de ley que establece la Constitución.

“Es aquí donde está el cheque en blanco para que el juez penal de audiencia legalmente viole los derechos constitucionales de los detenidos”, criticó el organismo de derechos humanos.   

Con la reforma sandinista, el juez decidirá ampliar el plazo, “siempre que se considere que los resultados de la investigación requieren mayor tiempo para complementar la información o elementos de prueba suficientes para sustentar y formular acusación contra una o varias personas”.

EN MEDIO DE ESCALADA REPRESIVA

La modificación al Código Procesal Penal ha activado las alarmas, no solamente entre los opositores que consideran es un instrumento para darle legalidad al abuso y represión que emplea Ortega desde 2018 para retener el poder, si no también de organismos internaciones que la consideran que riñe con los derechos ciudadanos.

“La reforma del Código Procesal Penal aprobada ayer (martes), al retrasar hasta 90 días el control judicial de la detención, es contraria a la Constitución y los estándares internacionales. Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”, pronunció la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Oacnudh considera que el cambio “atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno”, por lo que recomendó a Nicaragua emprender una revisión para lo cual, incluso, ofreció poyo y asesoría técnica.

La entrada en vigor de la reforma ocurre en medio de una escalada de asedio, persecución, detenciones arbitrarias y allanamientos violentos a cargo de la Policía Orteguista.