Arremetida contra opositores: Policías armados secuestran y allanan sus viviendas en Masaya y León

La dictadura de Daniel Ortega dio un paso más en su escalada represiva contra los opositores. Este jueves, fuerzas policiales armadas ejecutaron detenciones , allanamientos y asedios marcando una intensa jornada de represión en diferentes partes del país. En León, la Policía Orteguista nuevamente allanó la casa del periodista Aníbal Toruño y asediaron la Radio Darío de su propiedad. Mientras que en Masaya, en un violento operativo, fue detenido el exreopolítico Santiago Fajardo, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

Los operativos fueron condenados por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional denunció el abuso de poder y acoso que vivió ayer la familia del periodista leonés. “La persecución y el acoso constante del régimen contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, son señales de la profundización de la política de represión del Gobierno de (Daniel) Ortega”, explicó Guevara -Rosas.

En la Ciudad Universitaria se llevaron a Enrique Cuadra. “Hemos reportado acciones intimidatorias y arbitrarias de parte de la dictadura contra jóvenes de AUN en otros departamentos”, denunciaron los jóvenes en un comunicado.

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La AUN expuso que estas acciones represivas “solo reafirman nuestro compromiso con la democratización de Nicaragua”. Además, esta organización señaló que continuará demandando unas reformas electorales, elecciones libres y transparentes, así como la liberación de los más de 118 presos políticos.

“ORTEGA DESCARGA SU ODIO”

El periodista Toruño denunció que “Ortega descarga su odio” a través de los reiterados operativos en su contra. Luego de la ilegal invasión a su propiedad el director de Radio Darío reprochó los daños ocasionando daños en su vivienda y denunció el "robo" de las cámaras de seguridad con las que en los últimos meses ha logrado documentar la represión policial. "Un día muy triste para el periodismo nacional, el mundo debe de detener al dictador”.

Este es el tercer allanamiento que hace la Policía de León en contra del comunicador, las dos primeras fueron el 4 y el 7 de enero del presente año.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que este jueves fue un día “grave”, ya que Ortega dejó en evidencia el propósito firme de “sembrar el terror en la población”. “Son actos verdaderamente de un terrorismo de Estado, es el terror llevado a su máxima expresión”, indicó la defensora de los derechos humanos.

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La defensora manifestó que Policía sabe “porque tienen un espionaje establecido” que Toruño se encuentra fuera del país y que la vivienda está al cuidado de una señora. “Lo que andan haciendo es sembrando el terror y a lo mejor saqueando”, denunció. La presidenta del Cenidh reiteró que este tipo de actos confirman que “no hay seguridad de ningún tipo en este país” y que los nicaragüenses “estamos a merced de gente paranoica”.

SIEMBRAN TERROR

Núñez expresó que ya pusieron en libertad a Enrique Cuadra y Santiago Fajardo, pero que nadie podrá borrar el terror que vivieron los familiares al momento de la captura de ambos jóvenes. “El hecho de que ya los hayan sacado de la cárcel lo que hace es reconfirmar lo infundado y lo represivo de las acciones que andan cometiendo”, declaró.

Esta semana en la Asamblea Nacional, la aplanadora sandinista aprobó una reforma al Código Procesal Penal (CPP), en la cual se amplía de 48 horas hasta 90 días el plazo de detención de un ciudadano sin acusación formal, lo que según los expertos en la materia, viene a legalizar las detenciones arbitrarias que ya se cometen en Nicaragua, principalmente desde abril de 2018.

Por su parte Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que estas violaciones a los derechos humanos de los afectados que la Policía ejecutó sin ninguna orden judicial "violan el derecho del pueblo de Nicaragua a gozar de un proceso electoral con las garantías fundamentales necesarias y con plena libertad para poder elegir a sus autoridades”.