Ortega podría enfrentar graves consecuencias políticas al violar soberanía de Ucrania y convertirse en “peón” de Putin

El reconocimiento de Nicaragua otorgado a Rusia sobre la soberanía de la Península de Crimea y la apertura de un consulado en ese territorio, arrebatado a Ucrania tras una intervención militar en 2014, podría tener consecuencias políticas graves para el régimen de Daniel Ortega, sancionado este martes por el Parlamento ucraniano.  

Daniel Ortega delegó a Oleg Beláventsev como cónsul honorario de Nicaragua en Crimea, un vicealmirante ruso en retiro, de 70 años de edad.

Según Kiev, la inauguración de ese consulado es un “paso abiertamente no amigable” por parte del régimen de Daniel Ortega. La Península de Crimea, ubicada en el este de Europa frente al Mar Negro, ha pertenecido históricamente a Ucrania. Desde 2014 mantiene una disputa con Rusia que se adjudicó el territorio tras una intervención militar. 

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Si bien las sanciones ucranianas no tendrían un impacto económico mayor, por cuanto las relaciones comerciales entre Ucrania y Nicaragua son casi inexistentes, estas medidas sí tienen consecuencias políticas, explica el analista político y exdiplomático José Pallais.  

“En todos los foros las votaciones que interesen a Nicaragua van recibir el voto en contra de Ucrania porque lo han declarado como un país inamistoso”, señala.  

Ucrania tiene voz y voto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta el año 2023. En ese Consejo este año se espera la adopción de nuevas medidas respecto a la crisis de Nicaragua desatada por la represión orteguista. Al Ucrania declarar a Nicaragua como un país “no amigable”, es de esperarse un voto en contra, dice Pallais.  

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Además, podría haber una respuesta de parte de los amigos de Ucrania: Estados Unidos y la Unión Europea.  

En el caso de la Unión Europea, este martes el Alto Representante de Política Exterior, Joseph Borrell anunció un nuevo viaje a Moscú, Rusia, “donde transmitiré la posición sin cambios de la Unión Europea en apoyo de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”.  

ESTADOS UNIDOS DEFIENDE SOBERANÍA DE UCRANIA 

Nicaragua, junto con Afganistán, Siria y Venezuela es uno de los cuatro países que ha reconocido la soberanía de Rusia sobre la Península de Crimea.  

“Esto evidencia que Nicaragua (Ortega) es un peón de la política exterior rusa y que somete su política exterior a los intereses de Vladimir Putin”, opina el exdiplomático José Pallais.  

Adicionalmente podría haber consecuencias indirectas, agrega, porque existe legislación en los Estados Unidos de respaldo a Ucrania aprobada en el Congreso y el Senado.  

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“Ahí hay un lobby pro ucraniano muy fuerte en contra de Rusia. Esta legislación también contempla las posibilidades de sanciones aquellos países que afecten la soberanía ucraniana. Podría tener algún efecto si el lobby ucraniano se moviera en los Estados Unidos en base a esta legislación y solicitar el apoyo y la solidaridad de Estados Unidos para sancionar a Ortega por esa vía, lo cual sí tendría efectos perjudiciales para Nicaragua porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial”, advierte.  

ORTEGA PIDE RESPETO, PERO VIOLA DERECHO INTERNACIONAL

Daniel Ortega y Rosario Murillo en sus últimas apariciones públicas han demandado a la comunidad internacional “respeto” y “no injerencia” en los “asuntos internos” de Nicaragua.  

“Este es un año para exigir respeto a Nicaragua, un año sin injerencia, ni interferencia de agentes foráneos. Nosotros nunca nos entrometemos en procesos económicos, sociales, políticos de otras naciones que, sabemos, tienen derecho a su soberanía”, aseguró la vocera del régimen el pasado 11 de enero.  

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Pero en la disputa Ucrania – Rusia sobre la Península de Crimea, Ortega y Murillo no solo ha opinado, sino que ha tomado decisiones diplomáticas que han sido rechazadas por las más altas autoridades ucranianas. 

“Esto demuestra que tienen un discurso vacío porque no respetan el derecho internacional en elementos esenciales como las fronteras y el principio de no agresión y desconoce los principales elementos de la convivencia pacífica de los Estados”, concluye Pallais.