Ortega, Avellán, Díaz y Granera deben ser sancionados, insta Human Rights

Llaman a Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea a imponer sanciones individuales, como la prohibición de ingresos y congelamiento de activos de los funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

El régimen Ortega-Murillo sólo cederá a la demanda de restitución de las libertades en Nicaragua con sanciones, así de claro lo plantea Human Rights Watch en un informe que documenta las atrocidades cometidas por las fuerzas  orteguistas, a partir del 18 de abril de 2018, y en el que señala a los funcionarios que deben ser sancionados por su participación en estos actos: Daniel Ortega, Aminta Granera, Francisco Díaz, Ramón Avellán, Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

“La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos”, dijo de forma categórica José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

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Vivanco, durante la presentación del informe “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”, señaló que Ortega “no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia”.

Los señalamientos y alertas sobre la crisis que atraviesa Nicaragua se derivan de investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica y de un análisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes gubernamentales, así como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotografías, grabaciones de video e informes médicos.

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Todo esto llevó a Human Rights Watch a exhortar a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, América Latina y la Unión Europea a imponer sanciones individuales, como la prohibición de ingresos y congelamiento de activos de los funcionarios nicaragüenses identificados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

El organismo también recomienda a la Unión Europea y al BCIE “supeditar el restablecimiento de fondos destinados a la policía a que el Ministerio Público inicie investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión que tuvo lugar en 2018”.

También sugiere no garantizar financiamiento hasta que “se realicen acciones comprobables para desmantelar y llevar ante la justicia a bandas armadas partidarias del gobierno”.

Y así detalla la participación de cada uno de Ortega y altos mandos policiales sugeridos como sujetos de sanciones, aunque, no sin los únicos con responsabilidad, anota:

• El presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes.

• La general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, que encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018.

• El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y luego en su cargo actual.

• El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde oficiales bajo su mando junto con bandas armadas partidarias del Gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes.

• El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, que tiene la obligación, según el derecho nicaragüense, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables.

• El general Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel El Chipote, uno de los principales lugares donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno.

• Y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

LIBERACIÓN DE PRESOS NO BASTA

En su informe, el director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que “La reciente liberación de personas detenidas en el contexto de las protestas, muchas de las cuales ahora cumplen arresto domiciliario y siguen procesadas, no debe servir para ocultar que no hay ningún policía investigado por brutales golpizas, violaciones sexuales, remoción de uñas, asfixia y otras atrocidades”.

Actualmente, el régimen enfrenta serios señalamientos por no cumplir con la liberación de todos los ciudadanos que encarceló por manifestarse en demanda de sus derechos y libertades. La Alianza Cívica y otras organizaciones sostienen que al menos 89 presos políticos continúan en las prisiones, expuestos a tratos y condiciones crueles.

Sobre las condiciones carcelarias, Human Rights Watch recoge que policías y bandas armadas partidarias del gobierno infligieron graves abusos a los detenidos, que en algunos casos constituyeron torturas. El informe documentó golpizas a manifestantes en el momento de su captura y durante su detención, en ocasiones seguidas por la negación de atención médica urgente; la violación sexual de personas detenidas, incluso con tubos metálicos y armas de fuego; simulacros de ahogamiento; descargas eléctricas; provocar quemaduras con ácido; simulacros de ejecuciones; desnudez forzada y extracción de uñas de las manos. En algunos se obligó a los detenidos a realizar confesiones auto incriminatorias".