Se cae el cuento chino de Ortega

Hoy se vence el plazo para que el empresario chino Wang Jing demostrara tener los recursos para construir el canal. Organismos exigen la derogación de la Ley 840 y la cancelación de la concesión otorgada a la empresa HKND, por incumplimiento de contrato.

Este 13 de junio expira el plazo de seis años previsto en la Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico para que el empresario chino Wang Jing demostrara contar con los recursos económicos para iniciar la obra que partiría en dos el territorio nicaragüense.

Este megaproyecto que fue presentado por Daniel Ortega como la solución al retraso económico de Nicaragua y que en teoría generaría 50,000 empleos directos y además contemplaba la construcción de un aeropuerto, dos puertos de aguas profundas, carreteras, y hoteles, quedó fuera de la agenda gubernamental, pese a que para este año el régimen asignó 7 millones 241 mil córdobas a la inoperativa Comisión de Gran Canal.

Hasta ahora se desconoce cuánto es el monto real que el régimen ha gastado del erario para mantener esta estructura, pero en cinco años el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha desembolsado del Presupuesto General de la República (PGR) 25 millones 968 mil córdobas.

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NO HAY FISCALIZACIÓN

El nivel de secretismo con que se manejan los recursos de esta Comisión, conlleva a suponer que no existe auditoría.

La Ley 840 aprobada por la Asamblea Nacional otorgaba a Wang Jing una concesión por 50 años prorrogables hasta los 100 para la explotación del Canal Interoceánico, que este año debía estar en funcionamiento.

Asimismo obligaba a Wang Jing a pagar a la Autoridad del Gran Canal una suma anual de 10 millones de dólares, así como el derecho a participar en los ingresos económicos de cada sub-proyecto, según los términos del Acuerdo Marco de Concesión (MCA), con participación patrimonial inicialmente representada por el 1% de los subproyectos hasta llegar al 100% del megaproyecto.

Los cálculos del régimen estimaban que la inversión para la construcción del Canal Interoceánico superaría los 40 mil millones de dólares y generaría en la primera etapa 50 mil empleos y ya en funcionamiento alrededor de 100 mil empleos directos e indirectos.

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Organizaciones campesinas demandaron la derogación de la Ley y la cancelación de la concesión otorgada a Wang Jing para la construcción del Gran Canal Interoceánico a la empresa Hong Kong Nicaragua Development (HKND), por incumplimiento de contrato, pues hasta el momento no se ha realizado ninguna inversión a la obra.

La Ley que contemplaba la expropiación de las propiedades de los campesinos por donde pasaría la ruta del Gran Canal de Nicaragua, solo puede ser derogada por mayoría calificada en la Asamblea Nacional, es decir, el 60% del total de los diputados.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual es miembro el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos, advirtió en 2016 irregularidades en el esquema organizativo empresarial detrás de este mega-proyecto, y delataba confusiones del entramado de las empresas existentes o relacionadas, dificultarán la atribución de responsabilidades en futuros escenarios de conflictos. Así como como un marcado nivel de secretismo, la falta de transparencia y discrecionalidad.

Además denunciaban un mega acaparamiento de tierras que ponía en indefensión a unos 120,000 campesinos. Ortega vendió la obra como una de las más importantes del siglo, sin embargo ha quedado solo en papel como la construcción de la refinería Supremo Sueño de Bolívar y un satélite que sería lanzado al espacio y que revolucionaria las comunicaciones en Centroamérica.

Los presupuestos de Ortega

A partir del 2013 Ortega aprobó un presupuesto de C$2,120,000, en el 2014 el presupuesto fue de C$2,236,000; en el 2015 asignaron C$2,359,000; en el 2016 Hacienda desembolso C$2,489,000; en el 2017 el régimen entregó a la Comisión del Gran Canal C$2,627,000; y en el 2018, C$ 6,896,000 para el funcionamiento de la autoridad nacional del canal interoceánico de Nicaragua.