Un centenar de profesionales proponen un plan para una Nicaragua "democrática" sin Ortega

Un grupo de más de 100 profesionales divulgó en Nicaragua una serie de propuestas para "un Programa de Gobierno Democrático", que consideran debería implementarse si sale del poder el dictador Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007 y aspira a ser reelegido en noviembre.

El objetivo, afirman los expertos, es presentar una base para que en Nicaragua, que atraviesa una profunda crisis sociopolítica, se construya "sociedad que promueva los potenciales individuales y colectivos, un país sin violencia y con oportunidades, un sistema democrático sin reelección, donde se respeten los derechos humanos y las libertades públicas", indicaron.

El documento de 191 páginas plantea medidas para que, ya sin Ortega, Nicaragua cuente con un aparato judicial "independiente, una ciudadanía con responsabilidades compartidas y conciencia de derechos, un Estado facilitador, una institucionalidad eficiente, austera, descentralizada y transparente, una economía diversificada, con valor agregado, y un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible".

A falta de diez meses para las elecciones presidenciales, en las que se decidirá el futuro de Ortega, los especialistas advirtieron de los retos de un futuro Gobierno.

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Entre estos mencionaron "aliviar la situación de los más pobres, restaurar el respeto a los derechos humanos, libertades públicas y seguridad ciudadana, frenar la caída socioeconómica, reconstruir el tejido social, sentar las bases del desarrollo a mediano y largo plazo, restablecer los espacios de participación ciudadana, además de promover y defender la libertad de expresión y de prensa".

OTRAS RECOMENDACIONES

La extensa lista de tareas para restaurar "la democracia" en Nicaragua muestra recomendaciones para lograr "el bienestar de todos", encaminar al país hacia "un crecimiento incluyente y sostenible", poner "el Estado al servicio de la ciudadanía", y abordar "temas transversales, como la gestión de riesgos ante desastres, igualdad de género, niñez, adolescencia y juventud", además de un "plan de alivio inmediato" para los más necesitados.

Los expertos, que afirmaron componer "un grupo ad hoc no afiliado a ninguna estructura partidaria", enviaron su propuesta a la Coalición Nacional, actualmente el grupo opositor más amplio de Nicaragua.

La integrante del Consejo Político de la Coalición Nacional, Violeta Granera, confirmó que la organización recibió la propuesta, que calificó de "esfuerzo monumental".

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"Hemos recibido ya la versión final de la propuesta, el grupo de profesionales ha venido realizando un enorme esfuerzo de hace varios meses, de manera voluntaria, para aportarle a nuestro país los insumos técnicos que vamos a necesitar para reconstruir Nicaragua una vez que salgamos de la dictadura", afirmó Granera.

IMPERA INCERTIDUMBRE

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó 328 muertos en 2018. Ortega, por su parte, reconoce 200 víctimas, y en su defensa alega haber enfrentado un intento de golpe de Estado.

Las próximas elecciones podrían significar un cambio de era política en Nicaragua, ya que una derrota del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acabarían con 15 años consecutivos de Ortega en el poder y 42 de dominio local, incluyendo su primer mandato presidencial entre 1979 y 1980, así como sus años en la oposición, entre 1990 y 2007. En cambio, una victoria podría extender la crisis sociopolítica.

El aó electoral en Nicaragua ha iniciado con un aumento de los casos de violencia política. La Arquidiócesis de Managua emitió este miércoles un mensaje en el que piden fin a las torturas, a la persecución de periodistas y la justificación de violaciones de derechos libertades mediante la promulgación de leyes “injustas e inmorales".

El llamado “paquete de leyes” consiste en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y la aprobación en primera legislatura de la cadena perpetua, que podría quedar totalmente aprobada en las próximas semanas.

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La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es conocida en Nicaragua como la “Ley Putin” porque regula a todas las personas e instituciones que reciban dinero del extranjero, salvo excepciones.

La Ley de Ciberdelitos, llamada “Ley Mordaza”, condena a cualquier persona que posea, emita o comparta información u opinión que el Gobierno considere como amenaza.

La Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, inhibe candidaturas a cargos de elección popular y considera “traidores a la patria” a quienes aplaudan sanciones contra el Estado y sus ciudadanos. Mientras, la cadena perpetua será aplicada a quienes cometan “crímenes de odio”, por los cuales el Gobierno señala a los opositores.

Con información de EFE.