Liberar a los presos políticos no basta para evitar sanciones europeas

Luego de celebrar la aplicación de una Ley de Amnistía que permitirá la liberación de los presos políticos, el eurodiputado Ramón Jáuregui aclaró que el régimen debe aplicar los acuerdos de desarrollo democrático y constitucional, de lo contrario “la Unión Europea adoptará sanciones”. 

El eurodiputado Ramón Jáuregui exigió al régimen de Daniel Ortega aplicar los acuerdos de desarrollo democrático y constitucional en Nicaragua, suscritos en la mesa de negociación con la Alianza Cívica, de lo contrario la Unión Europea iniciará la aplicación de sanciones a partir del 18 de junio.  

“Exigimos al gobierno de Nicaragua que libere a todos los presos políticos y que aplique los acuerdos de desarrollo democrático y constitucional. De otra manera, la Unión Europea adoptará sanciones a partir del 18 de junio No hay otra salida que libertad y democracia”, advirtió este domingo el eurodiputado en su cuenta de Twitter.  

El parlamentario europeo había celebrado ayer la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del régimen de Daniel Ortega, ya que permitiría la salida de todos los presos políticos de la dictadura, pero este domingo aclaró que eso no será suficiente para evitar la aplicación de sanciones de la Unión Europea.  

“La amnistía en Nicaragua es muy buena noticia. Si salen todos los presos, la principal exigencia se cumple y sería bueno reanudar negociaciones. A la amnistía debe acompañar el cese de la represión a las libertades y la vuelta d las organizaciones Internacionales”, dijo Jáuregui.  

Luego aclaró: "He releído la Ley. Me preocupan varios artículos y la interpretación que haga el gobierno. Me dejé llevar por la emoción de la amnistía. Si el gobierno engaña al pueblo nicaragüense, pediremos más sanciones. Un abrazo al pueblo que sufre".

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LAS SANCIONES 

En abril pasado, la misión de eurodiputados que en enero pasado visitó Nicaragua pidió a Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que se iniciara el proceso de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.  

Sin embargo, el bloque europeo se ha abstenido de la aplicación de sanciones para dar seguimiento a las negociaciones del régimen con la Alianza Cívica y el cumplimiento de los acuerdos firmados en materia de liberación de los presos políticos y derechos y garantías ciudadanas.  

Para el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, en esta etapa de la crisis, la clave está en el escenario internacional, tanto que afirma que Ortega solo aceptaría un posible adelanto electoral si Estados Unidos continúa con las sanciones y a la potencia americana se le se suman los países europeos.  

“Para Ortega es menos importante la Carta Interamericana y la suspensión, que las sanciones norteamericanas. Esto es lo que lo mantienen despierto en las noches”, dijo en entrevista con Despacho 505. 

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El pasado 14 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena contra el régimen de Daniel Ortega y pidió la aplicación de sanciones individuales contra los funcionarios responsables de ejecutar la represión contra manifestantes opositores, que ha dejado entre 326 y 500 muertos, según organismos de derechos humanos. 

Las sanciones también incluyen la aplicación de la cláusula democrática a Nicaragua, con lo que el país quedaría fuera del Acuerdo de Asociación co la Unión Europea. 

La eurodiputada Ana Gomes hizo pública una lista de 17 funcionarios que, a su criterio, deberían ser sancionados. La lista es encabezada por Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos Rafael y Laureano; Gustavo Porras y la fiscal general Ana Julia Guido. 

En la propuesta también aparece el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; el presidente del INSS, Roberto López; el comisionado general Adolfo Joel Marenco; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos; y el diputado orteguista Filiberto Jacinto Suárez.  

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LO QUE ORTEGA NO HA CUMPLIDO 

Con la liberación de los presos políticos, Ortega cumpliría apenas uno de los acuerdos firmados en la mesa de negociación. Falta que cumpla con lo firmado en materia de derechos y garantías ciudadanas, con lo que estaría obligado a respetar el derecho a la libertad de expresión y manifestación, así como a la libertad de prensa.  

Entre las demandas hechas al régimen está la devolución de los bienes retenidos ilegalmente a La Prensa y El Nuevo Diario. 

Sobre las confiscaciones hechas a medios de comunicación, como 100% Noticias y Confidencial, la dictadura se comprometió a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley”. Hasta ahora el régimen se ha negado a cumplir.