Impunidad convertida en ley por la Asamblea Nacional

La iniciativa fue presentada el viernes por los 71 diputados sandinistas y el camaleónico Wilfredo Navarro, 24 horas después el Poder Legislativo, la ha convertido en ley. 

Con 70 votos a favor y 15 en contra quedó aprobada este sábado en la Asamblea Nacional la cuestionada Ley Amnistía promovida de manera unilateral por el régimen Ortega-Murillo, y calificada como un instrumento para garantizar impunidad a los perpetradores de la brutal represión registrada en Nicaragua a partir del  18 de abril del año pasado.  

La ley presentada el viernes por los 71 diputados sandinistas y el camaleónico Wilfredo Navarro fue aprobada en tan solo 24 horas por el Poder Legislativo, órgano que no suele sesionar en tiempos extraordinarios, mucho menos en fines de semana como ha ocurrido en este caso. 

Navarro defendió la aprobación unilateral de la amnistía repasando el pasado de corrupción de gobiernos de los que él fue parte y acusando, sin dar nombres, a colegas diputados de haber sido partícipes del intento fallido de golpe de Estado, financiando los tranques.

"Aquí hay diputadas y diputados, y del PLC, que ya van por su segunda amnistía, Maximino (Rodríguez) ya va llevar su segunda amnistía con esta, porque lo beneficia, porque me estaban diciendo que él patrocinó los tranques de Sébaco y está atenido a ese beneficio, y en Chinandega hay una diputada, aquí todo se sabe, y también tiene el beneficio de la amnistía, y repartiendo riales en Chichigalpa", acusó Navarro.

Luego, en un aparente acto de sinceridad, Navarro lanzó intrigas contra la Alianza Cívica llegando a afirmar que tildan de "lacras políticas" a los miembros del PLC y que han pedido priorizar la liberación de 32 presos políticos "de importancia" y en la que supuestamente no estaba incluido el líder campesino Medardo Mairena.

Wálmaro Gutiérrez cerró el debate de la ley hablando de «conceder el perdón» como acto de humanismo para liberar a los presos políticos, pese a que la amnistía no ha sido el recurso legal demandado por los familiares de las víctimas de la represión y por los mismos presos políticos.

REPROCHE AL PLC

El primero en tomar la palabra fue el sandinista Edwin Castro para atacar a los medios de comunicación y a los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) quienes rechazaron iniciativa de amnistía mediante un comunicado.

"Estamos ante un acto soberano, de este poder del Estado, basado en nuestra Constitución Política... Un acto que ha sido falseado por algunos medios de comunicación con mentiras como siempre; pero lo que más nos llama la atención es que nuestros colegas del PLC el día de ayer sacaron un comunicado, el cual rechazamos por sus falsedades, argumentos mentirosos; y aclaramos a nuestros pueblo que esos diputados de esa bancada hoy ni siquiera quieren proteger a sus militantes", expresó Castro.

"Que lo sepan esos militantes del PLC que sus diputados los han abandonado", continuó el veterano de la bancada orteguista tras decir que con les "duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías, a torturadores del colegio San José que asesinaron a Bismarck, pero estamos conscientes que el de la patria vale más

"Decirles a nuestros presos políticos no los hemos abandonado" ripostó la diputada María Haydeé Osuna del PLC antes de dar lectura al comunicado de la bancada en el que expresa que el partido "rechaza rotundamente" la aprobación de la ley porque la exposición de motivos no se corresponde con la realidad y porque "se pretende dejar libres e impunes a los verdaderos culpables de los delitos de lesa humanidad... bajo el pretexto de una amnistía amplia a fin de llevar paz y estabilidad social".

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En tanto, en la voz del sandinista José Figueroa, miembro de la mesa de diálogo, el régimen demandó nuevamente a la comunidad internacional el cese de sanciones que hasta la fecha únicamente pesan sobre la familia y altos funcionarios del régimen que son señalados por actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos.

RECHAZO INTERNACIONAL

La amnistía orteguista generó reacciones al más alto nivel internacional. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Estas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincidió las víctimas de la represión tienen derecho al esclarecimiento de la verdad y a garantías de no repetición, “cualquier mecanismo que impida u obstaculice el ejercicio de estos derechos, vulnera el estándar interamericano”, subrayó. 

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La amnistía orteguista es “inútil frente a crímenes de lesa humanidad”, enfatizó el fiscal argentino Pablo Parente, miembro del Grupo Interdisciplinario de Experto Internacionales (GIEI).  

UNAB: RÉGIMEN ADMITE SUS CRÍMENES 

En tanto, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), de la cual es parte la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, recibió esta ley como una “ofensa” para las víctimas mortales de represión, entre 325 y 500 según de organizaciones de derechos humanos.  

No obstante, resaltó que este instrumento “constituye una confesión del régimen de su conducta criminal y de culpabilidad frente a la represión y muerte que desató desde el 18 de abril, para lo cual quiere conseguir impunidad mediante amnistía”. 

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Por su parte, la presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, calificó el instrumento legal de “autoamnistía” y como una acción cobarde y perversa “de quien huye de su propio miedo a enfrentar la justicia”.  

Ante la serie de actuaciones unilaterales del régimen que se sellan con la aprobación de la amnistía orteguista la directiva de la UNAB considera que “el régimen da por cerrada la mesa de negociación”, instalada con la Alianza Cívica el 27 de febrero para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica en Nicaragua.  

La UNAB propone reconsiderar esa negociación y abrir un nuevo espacio que sume a otros actores de la rebelión de abril y “con garantes internacionales a fin de que hagan los acuerdos vinculantes para el régimen”. 

IMPUNIDAD Y AMENAZAS EN CUATRO ARTÍCULOS 

La Ley de Amnistía orteguista es un articulado basado en la teoría del golpe de Estado fallido y consta de cuatro aspectos: el primero relacionado a la cobertura de la amnistía para todas las personas señaladas de cometer delitos en el contexto de la crisis; el segundo específica que la amnistía abarca la comisión de delitos políticos y comunes conexos; y el tercero contempla el principio de no repetición, pero en realidad queda limitado a condicionar la libertad de las personas que hayan enfrentado procesos judiciales. El cuarto es dedicado al trámite de publicación y vigencia. 

El artículo tercero referido al principio de no repetición es cuestionado porque condiciona la libertad de quienes queden eximidos de procesos penales y no abarca a los verdaderos perpetradores de la represión. “Las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados”, expresa. 

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“La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio de esta ley”, se advierte. 

La Alianza Cívica ha descartado la amnistía como salida jurídica y como propuesta presentó siete rutas legales para cerrar los juicios políticos impulsados contra cientos de ciudadanos. La amnistía no contempla una salida de justicia, reparación y no repetición ha enfatizado la organización cívica.