Régimen concreta nacionalización de la distribución de electricidad en Nicaragua

Este marte entró en vigencia la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica, con la cual el régimen de Daniel Ortega expropió el 83% de las acciones a la empresa española TSK Melfosur Internacional S.A. (TMI, S.A.), que se encargaba de la distribución de energía, a través de Disnorte-Dissur.

De acuerdo a la nueva normativa, a partir de ahora "la participación accionaria de TMI, S.A. en Disnorte y Dissur pasa a ser propiedad total del Estado de Nicaragua".

En el 2013 TSK Melfosur Internacional, S.A., adquirió el 83% de las acciones de la también empresa energética española Gas Natural Fenosa por una suma de 57.8 millones de dólares. La española TSK no se ha referido a la aprobación de la ley.

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Expertos en energía consultados por Despacho 505 tildaron como una aberración jurídica la aprobación de la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica, porque los diputados no explicaron cuál fue la causa por la que el Estado decidió asumir las acciones de la empresa española.

"Las acciones del distribuidor fueron expropiadas, lo cual es grave porque ¿Cuál es la causal de que fueran expropiadas?, no las sabemos. Lo que dijeron es: porque la Constitución dice que este es un servicio estratégico y de utilidad nacional expropio yo al distribuidor. Entonces esa constitución sigue diciendo lo mismo y mañana expropio al generador, porque lo que lo que está invocando es la Constitución”, cuestionó el experto en energía Fernando Bárcenas. 

RELACIONES COMERCIALES Y CONTRACTUALES

La normativa aprobada por los diputados sandinista establece que el Estado de Nicaragua solo reconoce las relaciones comerciales, así como contratos, convenios y/o instrumentos legales que la empresa TMI, S.A. haya suscrito con personas naturales, jurídicas, privadas o mixtas, ya sean nacionales o extranjeras. Además se compromete a garantizar así los convenios colectivos y sindicales con trabajadores, a quienes les garantizará su puesto laboral.

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A partir de ahora, será el Ministerio de Energía y Mina (MEM) el encargado de administrar la distribución de energía en Nicaragua, para lo cual tiene un plazo de un año para gestionar con inversores nacionales privados o mixto la prestación de este servicio.

El experto en energía, Fernando Bárcenas, consideró que la aprobación de esta ley lo que generará es un clima de inseguridad jurídica en la industria energética y tendrán consecuencias negativas en un futuro para Nicaragua.