Fernando Bárcenas, experto en energía: Nacionalización de TSK Melfosur provoca un clima de inseguridad jurídica

Con la adquisición por parte del Estado del 83% de las acciones de la empresa española TSK Melfosur, en la empresa distribuidora de energía, Disnorte-Dissur, a través de la aprobación este lunes de la  Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica, el régimen de Daniel Ortega provocará un clima de inseguridad jurídica en la industria energética además de la destrucción y alteración del modelo energético de mercado que existía en Nicaragua, valoró el experto en energía, Fernando Bárcenas. 

 “La principal consecuencia de este movimiento del Estado es que crea inseguridad jurídica y luego, que destruye el modelo energético de mercado que existía en Nicaragua porque hace que dos segmentos de la industria se vuelvan a integrar y que uno esté sometido al otro, además que está alterando ese modelo”, señaló Bárcenas. 

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Según el ingeniero eléctrico, en todos los países, incluyendo Nicaragua, normalmente el servicio eléctrico tiene una coherencia estratégica, que significa que cuando se decide pasar de una empresa integrada a una empresa segmentada y que se va a regir por leyes del mercado,  se traza toda una serie de normativas para regular las transacciones comerciales entre esos segmentos de la industria eléctrica, en este caso el segmento de generación, el de distribución y el de transmisión.

“A partir de ahí se establece que ninguno de estos segmentos se podrá entrometer en las actividades del otro segmento sino que hay una total independencia entre uno y otro. De ahí se trata de promover que no haya poder dominante del mercado, entonces se tiran leyes anti monopólicas de forma que un solo agente financiero no pueda controlar un  porcentaje dado de la actividad económica de su sector”, explicó Bárcenas.

En el caso de Nicaragua, Disnorte Dissur, es la empresa encargada de la distribución de la energía eléctrica en el país, mientras que la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), se encarga de  “poner sus costos para trasladar a tarifas bajo una auditoría de costos”. 

No obstante, según Bárcenas, ahora Enatrel se encargará de controlar y administrar la distribución de la energía en el país. “Esto significa que ahora un transmisor cuya función exclusiva es cobrar peaje por llevar la energía de un punto a otro, porque no puede ni vender ni comercializar energía, ahora resulta que el distribuidor está bajo el transmisor, cuando debería ser un segmento independiente. El transmisor lo va a controlar, lo va a administrar”, cuestionó Bárcenas.

“Lo otro es que el Estado convirtió al agente transmisor en agente comprador y vendedor de energía, entonces se convirtió en un agente comercializador”, agregó. 

“ABERRACIÓN JURÍDICA”

De acuerdo con el experto en energía, la aprobación de la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica, por parte de la bancada sandinista, es una aberración jurídica porque los diputados no explicaron cuál fue la causa por la que el Estado decidió asumir las acciones de la empresa española, que las adquirió en 2013 a una valor de US$57 millones.

“Es decir, primero las acciones del distribuidor fueron expropiadas, lo cual es grave porque ¿cuál es la causal de que fueran expropiadas?, no las sabemos. Lo que dijeron (los diputados sandinistas) es: porque la Constitución dice que este es un servicio estratégico y de utilidad nacional expropio yo al distribuidor. Entonces esa constitución sigue diciendo lo mismo y mañana expropio al generador, porque lo que lo que está invocando es la Constitución”, cuestionó el experto en energía. 

Por otra parte, Bárcenas explicó que cuando el Estado tenga la disposición de expropiar a alguna empresa o persona, tiene que invocar un delito o una situación grave que haya cometido y no convocar a la Constitución.

“Lo que la ley debió haber dicho es: en vista de este peligro que me está causando el señor o la empresa tal y que está poniendo en riesgo el suministro confiable a los clientes, lo expropio para poder  garantizar que el suministro sea confiable. Este es el centro de lo que debió  haber dicho un proyecto de ley para expropiar a alguien, pero no lo que dice la Constitución. Desde ahí esto es una aberración y significa que entramos dentro de una inseguridad jurídica para la propiedad privada. Esto significa que esta medida del Estado ahuyenta a cualquier inversionista”, destacó Bárcenas. 

AHUYENTA INVERSIÓN

A criterio de Bárcenas, el hecho de que la bancada sandinista haya invocado a la Constitución Política de Nicaragua para aprobar una ley que quita acciones a una empresa, “nadie tiene derecho a la defensa”, por lo que considera que ya no pasa a ser una energía eléctrica que se rige por normas del mercado eléctrico como tal. 

Según explicó, no puede ser que el sector de distribución eléctrica pase a ser estatal “sin una causa que justifique la expropiación”, pues considera que se debe hacer una licitación porque ese es el modelo del mercado que existe en el país en la industria eléctrica. DESPACHO 505 intentó conocer la opinión del presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), César Zamora, y la del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, pero no hubo respuesta a las llamadas. 

“No pasa que lo rija el transmisor porque ya estoy violentando todas las normas que dicen que debe haber una separación entre los tres segmentos de la industria eléctrica. Es todo un disparate grave que crea inseguridad jurídica y luego todavía (el Estado) pudo haber puesto un administrador separado de Enatrel, pero lo metió bajo Enatrel, por consiguiente ya hay un conflicto de intereses en que Enatrel, que le cobra peaje al distribuidor, ahora la operación del distribuidor está bajo el control del transmisor. O sea hay una aberración, tras otra aberración, tras otra aberración”, manifestó Bárcenas. 

Otra de las afectaciones que enfrentará el sector eléctrico con esta adquisición del Estado, dominado por el régimen orteguista, es que crea un desbalance en la competencia de libre mercado por parte de las empresas inversoras.  

“Si estamos en un país normal, lo que hacemos es licitar y por medio de esa licitación van a competir y yo como inversionista voy a tener el precio más favorable por esa competencia, pero aquí nadie va a competir por entrar en este país, si no que el que va a querer invertir en con este desorden que hay, va a ser alguien que se va a resguardar con utilidades inmensas, de lo contrario no entra. Entonces la tarifa lo que tiende es a aumentar y no a disminuir y el sistema a la larga tiende a colapsar porque es incoherente e insostenible”, aclaró el experto. 

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Para terminar, Bárcenas cuestionó la aprobación de esta ley por parte del orteguismo porque a su criterio, los parlamentarios no pensaron en las implicancias negativas que a futuro afectarán al país. 

“Lo que este movimiento del Estado indica es que en Nicaragua la industria eléctrica no está bien concebida, no está bien administrada, que se le hacen parches, que se opera discrecionalmente, que no se respeta la propiedad privada. El señor que hizo esta ley no tiene ni siquiera idea de la inseguridad jurídica que está fomentando y que está impidiendo que existan inversiones en la industria eléctrica”, remarcó.