Estados Unidos califica de “puro teatro” la “ley de perdón” impuesta por el régimen

“La Ley de Atención Integral a las Víctimas es puro teatro y no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y permitir que los observadores de derechos humanos regresen”, demandó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, calificó de “puro teatro” la recién aprobada Ley de Atención Integral a Víctimas, impuesta por el régimen de Daniel Ortega, al considerar que no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos ocurridas desde abril del 2018. 

A través de su cuenta en Twitter la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado exigió al régimen Ortega-Murillo la liberación incondicional de todos los presos políticos y permitir el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país. 

“La Ley de Atención Integral a Víctimas es puro teatro y no aborda adecuadamente las violaciones de derechos humanos. El gobierno debe liberar incondicionalmente a todos los presos políticos y permitir que los observadores de derechos humanos regresen”, señala el tuit que fue compartido también por la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua.

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Nicaragua vive la peor crisis sociopolítica en la historia que ha dejado un saldo de entre 326 y 500 personas asesinadas, más de 700 presos políticos y 62 mil exiliados.

LEY SUSTENTADA EN LA TEORÍA DEL GOLPE DE ESTADO 

Ortega envió el pasado 28 de mayo la iniciativa de Ley con trámite de urgencia a la Asamblea para su aprobación, en la que sustenta la teoría del fallido intento de golpe de Estado, misma que ha sido ampliamente descartada por los organismos internacionales que investigaron los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua en el último año y que concluyeron que hubo un uso desproporcionado de la fuerza ejecutado por la Policía y paramilitares.

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En la Ley, Ortega propone cinco artículos, ninguno de ellos referido a la búsqueda de justicia y reparación, sino que pretende resarcir los daños garantizando a las víctimas y sus familiares acceso a servicios que el Estado está obligado a prestar a todos los ciudadanos. 

La CIDH y la OACNUDH lamentaron la aprobación expedita de la Ley y la “ausencia de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas”, por lo que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

Una reparación integral a las víctimas debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido y contar con una perspectiva de género e interculturalidad, agregan los organismos de derechos humanos e insisten en que la norma aprobada no garantiza el derecho a una reparación integral conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, señaló que la Ley de Atención Integral a las Víctimas es una burla al pueblo de Nicaragua, porque Ortega no está concediendo nada.

“Es una burla porque aquí él (Daniel Ortega) no está concediendo nada. Esos son derechos establecidos en la Constitución y convenios internacionales y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos”, critica la defensora de derechos humanos.

LOS “REGALOS” DE LA DICTADURA  

En material de salud, Ortega, ordena al Minsa garantizar el derecho a la salud a las víctimas y sus familiares “en los diferentes niveles de atención médica”, incluyendo atención de salud mental, psicosocial, atención a personas con discapacidad y rehabilitación.

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En materia de Educación se ordena otorgar becas de estudio en el sistema de educación pública. La Ley garantiza “la reinserción” de las víctimas en el mundo laboral mediante la generación de empleo”.   

“El Estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida”, dice la Ley. Además, se orienta a las instituciones que disponen de programas de viviendas priorizar los trámites de las solicitudes de víctimas.

En cuanto a ocio y entretenimiento, el régimen ofrece como “beneficio” el “acceso gratuito” a espacios de recreación que son públicos.

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Para acceder a los “beneficios” las víctimas deberán inscribirse como tal ante la Procuraduría de Derechos Humanos, una institución que ha permanecido muda desde el inicio de la represión orteguista contra las protestas ciudadanas.

“Corresponde a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las instituciones involucradas conforme las facultades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, indica la Ley.

Foto tomada de El 19 Digital.