Ley de “Atención a Víctimas” no garantiza verdad, justicia y reparación

La CIDH y la OACNUDH lamentaron la aprobación expedita de la Ley y la “ausencia de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas", por lo que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La recién aprobada “Ley de Atención Integral a Víctimas” impuesta por el régimen de Daniel Ortega es insuficiente para reparar a las personas y familias afectadas por la represión de la dictadura desatada en abril de 2018. La norma no cumple con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, carece de consulta popular y es revictimizante.  

Así lo expresaron en un comunicado conjunto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).  

“Cualquier iniciativa para la reparación integral debe partir por la inclusión de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos conforme a los estándares internacionales”, indicó la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua de la CIDH. 

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Si bien, en su artículo primero, la Ley —que entró en vigencia desde el 31 de mayo, dos días después de ser aprobada de “urgencia” por la Asamblea Nacional— dispone como objetivo regular la atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares, el texto aprobado consta de cinco artículos que se limitan a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación, derechos básicos garantizados por la Constitución.  

La CIDH y la OACNUDH explican que “una reparación adecuada e integral de las violaciones a los derechos humanos debe contemplar medidas tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y sus familiares, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición”.  

RÉGIMEN NO QUIERE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS  

Los organismos de derechos humanos lamentan que, pese a ser parte de su exposición de motivos, la Ley no contempla ninguna medida para garantizar el derecho a las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia.

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En este contexto, la CIDH y la OACNUDH reiteran su preocupación por la “falta de voluntad del Estado para el esclarecimiento de la verdad respecto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018”. 

Cualquier iniciativa para la reparación integral debe partir por la inclusión de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos conforme a los estándares internacionales"

Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua de la CIDH.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable.  

Una reparación integral a las víctimas debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido y contar con una perspectiva de género e interculturalidad, agregan los organismos de derechos humanos. En este sentido, la CIDH y la OACNUDH insisten en que la norma aprobada no garantiza el derecho a una reparación integral conforme al derecho internacional de los derechos humanos. 

Adicionalmente lamentan la aprobación expedita de dicha ley y la “ausencia de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas”.  

“El cumplimiento de dichas condiciones es indispensable para garantizar la continuidad, legitimidad y vigencia de cualquier programa o ley de reparación integral”, afirman. 

ORTEGA IGNORA RECOMENDACIONES 

En el informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la CIDH documentó graves vulneraciones en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares reflejadas en la falta de diligencia del Estado de investigar las muertes y lesiones ocurridas en el marco de las protestas sociales, así como en serias irregularidades en la determinación de los hechos. 

Por su parte, la OACNUDH en el informe “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” recomendó asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación con  todas las denuncias de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril de 2018.  

Sin embargo, el régimen sigue ignorando las recomendaciones de los organismos internacionales e insiste en su teoría del intento de golpe de Estado.  

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La CIDH y la OACNUDH lamentan que la ley aprobada se refiera expresamente en sus considerandos al “intento fallido de golpe de Estado”.  

“Toda vez que reproduce una narrativa que estigmatiza, re victimiza y descalifica a las mismas víctimas de la represión estatal a las protestas y a sus familiares”, dicen los organismos.  

La comisionada Antonia Urrejola, reiteró que “el reconocimiento de los hechos y la aceptación de la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas es también esencial para rescatar la memoria de las víctimas, así como para alcanzar una solución pronta y legítima a la grave crisis que vive el país”.