Ley de “Atención a Víctimas” impuesta por Ortega entra en vigencia y se legaliza la teoría del golpe

La Ley en la que Ortega ofrece como regalías a las víctimas de su represión el acceso a salud, educación y entretenimiento ya está en vigencia. “Es una burla porque aquí él no está concediendo nada. Esos son derechos establecidos en la Constitución y convenios internacionales", critica Vilma Núñez.  

La Ley de Atención Integral a Víctimas de la represión del régimen Ortega – Murillo entró en vigencia desde el pasado viernes 31 de mayo, dos días después de que la Asamblea Nacional la aprobara de “urgencia” a petición de Daniel Ortega, con lo que la dictadura, lejos de asumir su responsabilidad por la represión ejercida contra el pueblo, legaliza la teoría de que ha sido víctima de un intento de golpe de Estado.

La Ley fue publicada en La Gaceta, diario oficial, del 31 de mayo y en ella se ofrece como regalía a las víctimas de la represión orteguista el acceso a la salud, educación, vivienda, empleo y entretenimiento.  

En la Ley la dictadura no contempla iniciar las investigaciones y procesos judiciales contra quienes asesinaron, torturaron e hirieron a centenares de manifestantes opositores a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lejos de reconocer su responsabilidad por la represión a las protestas ciudadanas desatadas en abril de 2018, el régimen sustenta la Ley en la teoría de un intento de golpe de Estado. 

Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Ley es una burla al pueblo de Nicaragua.  

“Es una burla porque aquí él (Daniel Ortega) no está concediendo nada. Esos son derechos establecidos en la Constitución y convenios internacionales y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos”, critica la defensora de derechos humanos.  

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Según Núñez la Ley tiene dos fines: crear una lista de víctimas imaginarias y se aplicarla por clientelismo político.  

“Quieren buscar como atraer a gente que tiene necesidades y pueden caer en la trampa de irse a inscribir en la Procuraduría de Derechos Humanos como víctimas. Se persigue convertir a los victimarios en víctimas porque va aparecer a un montón de gente diciendo que son víctimas. Es una falsedad, una creación de categorías de víctimas”, agrega la defensora.  

ORTEGA LEGALIZA SU TEORÍA DE GOLPE DE ESTADO 

Con la entrada en vigencia de la Ley Integral de Atención a Víctimas, Daniel Ortega está legalizando su teoría de un intento del golpe de Estado, que ha sido descartada por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.  

“Al afirmar que las víctimas son producto de un intento de golpe de Estado ya forma parte de un articulado de Ley y él (Ortega) está tratando de legalizar su versión de los hechos. Los crímenes de lesa humanidad que cometió los quiere convertir a intento de golpe de Estado. Eso es gravísimo”, explica Núñez.  

LOS “REGALOS” DE LA DICTADURA 

En materia de Salud, con la Ley se ordena al Minsa garantizar el derecho a la salud a las víctimas y sus familiares “en los diferentes niveles de atención médica”, incluyendo atención de salud mental, psicosocial, atención a personas con discapacidad y rehabilitación. 

En materia de Educación se ordena otorgar becas de estudio en el sistema de educación pública. La Ley garantiza “la reinserción” de las víctimas en el mundo laboral mediante la generación de empleo”.  

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“El Estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida”, dice la Ley. Además, se orienta a las instituciones que disponen de programas de viviendas priorizar los trámites de las solicitudes de víctimas. 

En cuanto a ocio y entretenimiento, el régimen ofrece como “beneficio” el “acceso gratuito” a espacios de recreación que son públicos.  

Para acceder a los “beneficios” las víctimas deberán inscribirse como tal ante la Procuraduría de Derechos Humanos, una institución que ha permanecido muda desde el inicio de la represión orteguista contra las protestas ciudadanas. 

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“Corresponde a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento y monitoreo a la atención brindada por todas las instituciones involucradas conforme las facultades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, indica la Ley.