Régimen Orteguista desata cacería de brujas contra negocios que se sumaron a paro nacional

“De nuevo el régimen, predica lo que no hace. Pide suspensión de sanciones y al mismo tiempo sanciona a dueños de pequeños y medianos establecimientos e incluso grandes empresas, por el simple hecho de mostrar solidaridad con los presos políticos y sus familiares”, denunció la Alianza Cívica en el comunicado. 

El régimen de Daniel Ortega emprendió una cacería de brujas contra los comercios, negocios y establecimientos que se sumaron al paro nacional el pasado 23 de mayo.

Los afectados denunciaron a través de las redes sociales las arbitrariedades cometidas por el régimen orteguista quien ordenó cierres y multas a los negocios que apoyaron el paro nacional promovido por la Alianza Cívica.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) denunció esta nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega contra los pequeños empresarios. 

Dentro de las acciones adoptadas por el régimen orteguista van desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y amenaza de aquellos negocios que decidieron sumarse a la convocatoria de la Alianza Cívica. 

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“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresa su más enérgica protesta al régimen Ortega-Murillo, por la nueva modalidad de represión: castigar a las empresas que se sumaron al Paro Nacional del pasado 23 de mayo. Respaldamos a las empresas afectadas por esta nueva represión en las medidas legales que interpongan, como instrumento que registre la violación a sus derechos constitucionales por parte de este régimen”, dice el comunicado.

Propietarios de negocios como farmacias, bares y centros de diversión denunciaron que recibieron notificaciones de parte de las autoridades en la que expresan que no contribuyeron a la salud, ni a la paz y seguridad de los nicaragüenses.

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En Ometepe el Silais clausuró varias farmacias “aduciendo que no garantizan la salud de la población”, señaló una de las afectadas a través de las redes sociales.

La Alianza Cívica informó de “múltiples acciones cometidas por instancias públicas, desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza”.

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En el departamento de León dueños de bares denunciaron que la policía Nacional se presentó a sus negocios para notificar la cancelación del permiso de operaciones. 

“De nuevo el régimen, predica lo que no hace. Pide suspensión de sanciones y al mismo tiempo sanciona a dueños de pequeños y medianos establecimientos e incluso grandes empresas, por el simple hecho de mostrar solidaridad con los presos políticos y sus familiares”, denunció la Alianza Cívica en el comunicado.

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Asimismo, la Alianza Cívica acusó que al régimen orteguista de demostrar una vez más su talante represivo y arbitrario, así como el desprecio a la libertad del pueblo nicaragüense.