Dictadura aumenta represalias contra opositores

Las instituciones operadoras del régimen han intensificado los ataques contra miembros de la Alianza Cívica y negocios que se sumaron al reciente paro nacional. Juan Sebastián Chamorro denunció que el Gobierno  queda en ridículo al imputar presuntos delitos que sólo caben en la imaginación de un régimen represor.

Este lunes el régimen de Daniel Ortega mandó a la Policía a allanar una distribuidora de azúcar propiedad del hijo del miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann Bernheim, y un día después, la misma institución represora brinda una conferencia de prensa para informar que en ese establecimiento encontró cuatro armas de guerra.

Así la dictadura emprende una ola de represalia en contra de sus opositores. “Estamos viendo un patrón muy preocupante de ataque a los miembros de la Alianza, obviamente por la postura que hemos tenido nosotros en la mesa de negociación y las acciones a las que hemos convocado en las últimas semanas”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza.

Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), ve en el allanamiento e imputación de delitos en contra de Alejandro Tünnermann Pereira, un ataque a Tünnermann Bernheim, “un hombre de honor, de mucha credibilidad”.

“Es un ataque a su familia. Es un ataque a Alejandro por haber apoyado el paro y notamos un patrón represivo nuevo con las acusaciones de algunos comentaristas en esta semana contra miembros de la Alianza”, agregó el economista. “Una vez más el Gobierno, con su instrumental Policía, queda en ridículo al imputar semejantes presuntos delitos que sólo caben en la imaginación de un régimen represor”, denunció Chamorro.

Según la versión de la Policía Orteguista, en la distribuidora ubicada en el mercado Oriental encontró un AK-47 con su cargador y diez proyectiles, un fusil FAL con dos cargadores, un Garand, una subametralladora Uzi con dos cargadores y 64 proyectiles. La institución que goza de nula credibilidad en el país presentó como testigo al administrador del establecimiento Víctor Wilfredo Núñez Madrigal, quien expresó que las armas fueron usadas en los tranques que paralizaron el país el pasado año.

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Alejandro Tünnermann Pereira se encuentra actualmente en Estados Unidos, y según su padre, niega que esas armas le pertenezcan. “Me dijo: yo desconozco el origen de esas armas, nunca han estado en mi poder. Él niega enfáticamente que esas armas sean suyas. Dicen que es prófugo de la justicia, ¿cómo va a ser prófugo si no tiene juicio pendiente?”, informó.

Tünnermann Bernheim destacó que esta acción policial pareciera que es una especie de represalia por el hecho de que muchos establecimientos en esa zona cerraron. “El establecimiento de mi hijo cerró también el día del paro. Podría deberse a eso, como una represalia, como están actuando en esa forma con otros establecimientos, ya sea anunciándoles auditorías fiscales o amenazándolos, intimidándolos”, sostuvo.

“Una vez más el Gobierno, con su instrumental Policía, queda en ridículo al imputar semejantes presuntos delitos que sólo caben en la imaginación de un régimen represor”

Juan Sebastián Chamorro.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió una nota de prensa en la que denunció el asedio y amenazas en contra de varios de sus miembros, siendo el más reciente el  Carlos Tünnerman, “a través de un abusivo operativo policial en contra del establecimiento comercial de su hijo en el mercado Oriental de Managua”.

La facción opositora dijo que la medida represiva se motiva obviamente por el destacado e histórico papel de Tünnerman en la lucha por la justicia y la democracia.  “Sabemos que por esa misma trayectoria cívica y libertaria el Tünnerman no se dejará amedrentar a como tampoco lo hizo en sus jornadas de lucha contra la dictadura somocista”, recordó.

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El comunicado también denunció las amenazas y mensajes de odio y violencia que sobre otros miembros de la Alianza se han vertido recientemente. A la vez insistió que desde que se conformó la Alianza el régimen ha desplegado diversas tácticas que buscan intimidar y neutralizar a sus miembros.

“Tal es el caso de Medardo Mairena, Edwin Carcache, Freddy Navas y Lenner Fonseca, quienes son presos políticos y están encarcelados en celdas de castigo y máxima seguridad, o de José Ramón González y Jonathan López que fueron excarcelados luego de guardar prisión injustamente”, comunicó.

La nota de prensa continúa: “Varios miembros de la Alianza han sido sujeto de amenazas de muerte, acoso, asedios, invasiones de propiedad y otros actos represivos, que los han obligado a vivir fuera de sus hogares, exiliarse y tomar otras medidas de seguridad”.