Régimen pretende auditar a medios de comunicación

La pretensión del régimen ocurre cuando los dos diarios de circulación nacional del país, La Prensa y El Nuevo Diario, anunciaron que sus versiones impresas circularán con menos cantidad de páginas, debido al bloqueo de la materia prima por la Dirección General de Aduana.

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  • mayo 22, 2019
  • 09:43 AM

La pretensión del régimen ocurre cuando los dos diarios de circulación nacional del país, La Prensa y El Nuevo Diario, anunciaron que sus versiones impresas circularán con menos cantidad de páginas, debido al bloqueo de la materia prima por la Dirección General de Aduana.

El régimen de Daniel Ortega dio a conocer un plan de trabajo a tratar en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que incluye realizar auditorías a los sectores que gozan de exoneraciones tributarias, incluyendo a los medios de comunicación.

Los delegados del régimen hablan de auditar el buen uso de los equipos, insumos y materia primas exoneradas, y menciona que esto abarcaría a empresas, asociaciones, fundaciones y organismos sin fines de lucros. 

“De conformidad con la Ley Tributaria, proceder a hacer las auditorías pertinentes, como corresponde, con todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materia primas exoneradas, incluyendo las de los medios de comunicación”, dice el comunicado del régimen correspondiente a este miércoles.

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La pretensión del régimen ocurre cuando los dos diarios de circulación nacional del país, La Prensa y El Nuevo Diario, anunciaron que sus versiones impresas circularán con menos cantidad de páginas, debido al bloqueo de la materia prima por la Dirección General de Aduana.

PERIÓDICOS AGONIZAN 

En el caso de La Prensa, cumple 38 semanas de bloqueo aduanero, pese a constar con el respaldo legal que demuestra su solvencia fiscal.

La agenda de trabajo del orteguismo podría interpretarse como una nueva embestida contra los medios de comunicación que por derecho constitucional reciben exoneraciones fiscales, con lo cual también acelerarían la muerte de aquellos a los que ha ido asfixiando gradualmente. También podría ser un mecanismo para espiar a aquellos medios informativos que han mantenido una línea editorial crítica al régimen.

La importación de papel, maquinaria, equipos y refacciones para los medios de comunicación; así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanza, diarios y otras publicaciones periódicas, están exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales, expresa el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua.

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En tanto, el artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria, expresa que están exentas del pago del IVA mediante lista taxativa los diarios y otras publicaciones periódicas, así como los insumos y las materias primas necesarios para la elaboración de estos productos. 

El orteguismo ha intentado eliminar las exoneraciones desde el año 2005, con la llamada Ley Arce. Ya en el poder, hizo otro intento de revisión a los medios de comunicación en el 2006, y en 2007 retomó el recorte de exenciones fiscales mediante el plan de austeridad, entre otros intentos fallidos. 

AGENDA ANTOJADIZA 

En el comunicado de este miércoles, el régimen de Daniel Ortega incluyó el tema fiscal entre los puntos a tratar en la mesa de negociaciones, cuando este no ha sido incluido entre los temas urgentes para superar la crisis.

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En anuncio se da en medio de enérgicas condenas internacionales al régimen por el asesinato del preso político Eddy Montes Praslin, y en el contexto del llamado al cuarto paro nacional para este jueves, promovido por la Alianza Cívica y organizaciones de la sociedad civil y respaldada por las cámaras aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Este martes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos le dio hasta el 18 de junio al régimen de Ortega para la liberación plena y sin condiciones de todos los presos políticos, según se expresa en la resolución aprobado con el respaldo de 20 países miembros del órgano continental. 

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En su nota, los delegados de Daniel Ortega afirman que cumplirán con la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio de 2019 de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar. De los que todavía se encuentren encarcelados. Y de los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite”. 

PERO... PIDEN RETIRO DE SANCIONES 

La delegación del orteguismo en la mesa del diálogo, hizo hoy otro desesperado llamado a la comunidad internacional y a los organismos financieros internacionales a detener las sanciones contra la administración de Daniel Ortega, según ellos porque afectaría el desarrollo humano, económico y social de Nicaragua. 

Asimismo, se compromete a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, cumpliendo con la constitución política, la ley de la Materia y la normativa vigentes”.  

Sin embargo, en la práctica, la falta de cumplimiento a los compromisos adquiridos, sumado a la represión brutal contra los manifestantes, el trato inhumano a los presos políticos y el asesinado de Eddy Montes Praslin, provocaron que la Alianza Cívica pusiera en pausa las negociaciones y emplazara al régimen dar muestras de verdadera voluntad.

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Esta mañana, y en ese mismo tono, el ministro de Hacienda, Iván Acosta advirtió a la banca privada que si se sumaban al paro nacional podrían ser sancionadas. 

“La actividad bancaria tiene una gran responsabilidad con el sector público, tiene un servicio público de apertura obligatoria, no puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrar al público, porque es un servicio público regulado por el Estado, o sea es una concesión del Estado a un sector privado para un servicio público (…) ,no se puede cerrar de un día a otro y no se debe cerrar; eso lleva a sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero”, señaló Acosta. 

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