Wiwilí queda sin alcalde por segunda vez en tres meses: "Quieren imponer a uno del FSLN", denuncian

La titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, emitió la noche de este martes, una sentencia de culpabilidad contra el vicealcalde y alcalde en funciones de la Alcaldía de Wiwilí, Manuel Blandón Zamora por incumplir con una resolución judicial, que ordena pagar a 36 extrabajadores de la municipalidad una indemnización que asciende a 16.5 millones de córdobas.  

Con dicho fallo la judicial deja oficialmente a la alcaldía de Wiwilí sin alcalde por segunda vez en tres mees por ser declarado culpable de desacato de autoridad al incumplir con la millonaria indemnización laboral. 

La primera en enfrentar la demanda laboral fue la alcaldesa Reyna Hernández Mairena, quien resultó electa en las elecciones municipales del 2017, siendo candidata del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). 

Hernández fue acusada por la Fiscalía el pasado 20 de mayo por el supuesto ilícito de desacato a la autoridad, en perjuicio de la administración de justicia y los extrabajadores. En medio del proceso la jueza Jarquín Valle la suspendió de su cargo y el 30 de julio la declaró culpable. 

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Al siguiente día emitió una sentencia en la que ordena inhabilitar de su cargó a la alcaldesa por un período de dos años y el 10 de agosto giró la orden inhibición al Consejo Supremo Electoral (CSE). 

Tras la inhibición de la alcaldesa, el proceso penal fijó sus   miradas hacia el vicealcalde, quién ante la suspensión de Hernández, tuvo que ejercer la función de alcalde a partir del 6 de julio. 

Tres días después recibió una notificación en la que le orientaron cumplir con el pago de las prestaciones laborales de los extrabajadores en un terminó de tres días. 

ALCALDE PRESENTÓ DOS ACUERDOS DE PAGO, PERO PREFIRIERON JUICIO 

Pero pese hacer dos propuestas de pago, los extrabajadores y sus representantes prefirieron el 7 de septiembre llevar el caso nuevamente ante los tribunales, donde el alcalde de Wiwilí, Manuel Blandón Zamora fue acusado por desacato de autoridad. 

Siguiendo el mismo guion del proceso anterior, la judicial Jarquín Valle obvió cada una de las pruebas que favorecían al alcalde en funciones y este martes lo declaró culpable. Posteriormente, la Fiscalía solicitó inhibirlo de su cargo por dos años. 

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El maratónico juicio inició a las 8 de la mañana del pasado lunes y tras extenderse hasta en horas de la noche se suspendió y continuó a partir de las dos de la tarde de este martes. 

La lectura de sentencia se realizará el 9 de octubre. "La sanción que se le aplicará será la suspensión del cargo y una multa", indicó la Alcaldía en un comunicado a través de Facebook.

ALCALDÍA NO TENÍA FONDOS PARA PAGAR, LA JUEZA NO ENTENDIÓ 

Víctor Herrera, abogado defensor de Blandón, relató que la judicial miró a favor de la parte acusadora hasta las mismas pruebas que él presentó en juicio, para demostrar que no se está incumpliendo con la resolución judicial que ordena el pago de los de 16.5 millones de córdobas a los extrabajadores. 

“En el juicio se demostró que hay intención de pagar esas prestaciones laborales. El 13 de julio se hizo una propuesta de pago de cinco años y al ser rechazada se hizo otra oferta con fecha del 17 de agosto en la que se detalla pagarles en un plazo de tres años”, detalló. 

Dijo que solo de esa manera se podía cumplir con la demanda de pago y que esto también los demostró en juicio mediante dos peritos que llegaron a explicar que cuando el alcalde recibió la notificación de que tenía que cumplir con el pago en tres días, las arcas de la alcaldía únicamente contaban 152 mil córdobas. 

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“Los peritos jurídicos y financieros explicaron que no había manera de pagar en tres días y que en la municipalidad no hay disponibilidad económica. Por eso se hicieron propuestas de pago, pero la repuesta de la judicial es que se tenía que pagar”, explicó el abogado. 

“La verdadera intención de este proceso es arrebatarle la alcaldía al PLC, y pasarla a manos del Frente Sandinista, porque desde que los extrabajadores fueron despedidos en el 2018, hay intenciones de pagarle sus prestaciones laborales, pero rechazaron lo que por Ley les correspondía y se fueron a interponer una demanda al Mitrab, donde elevaron el monto de 2 a casi 17 millones de córdobas”, denunció en su momento la exalcaldesa Reyna Hernández.