Las mentiras del régimen en la ONU

El régimen de Daniel Ortega pintó una Nicaragua en "normalidad" durante el Examen Periódico Universal de derechos humanos de la ONU. Según la dictadura, nunca han reprimido una marcha, hay plena libertad de expresión, no hay periodistas presos por informar y el Poder Judicial es completamente independiente.

El régimen de Daniel Ortega en una muestra de descaro ante la comunidad internacional negó todos las conclusiones de los informes presentados por organismos internacionales de derechos humanos durante el Examen Periódico Universal (EPU), que realizó a Nicaragua este miércoles el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.  

Valdrack Jaentschke, el recién nombrado Ministro Asesor para las Relaciones Internacionales del régimen Ortega – Murillo insistió en la teoría de un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos, mintió sobre la cantidad de muertos que dejó la represión policial a las protestas del año pasado y negó que haya restricciones al derecho a la libertad de expresión, manifestación y prensa, dijo que no hay presos políticos y que nunca se negó atención médica a los heridos por la represión.

Estas son algunas de las mentiras que el régimen pregonó este miércoles:

No se puede adelantar elecciones porque altera el orden constitucional y sentaría un mal precedente.  

En 1990 con el mismo Daniel Ortega en la Presidencia se adelantaron las elecciones que ganó la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.  

En ese año según la Constitución Política las elecciones debían realizarse en noviembre, pero se efectuaron el 25 de febrero como una decisión personal de Ortega, por lo que el que ahora se niegue e insista en llegar a 2021 tras la masacre cometida, solo evidencia su apego al poder. 

El Poder Judicial es independiente y los magistrados solo deben obediencia a la Constitución 

En Nicaragua hay al menos 700 personas con procesos penales abiertos tras su participación en las protestas contra el régimeN. Diferentes organismos de derechos humanos como la CIDH y OACNUDH han señalado la parcialidad del Poder Judicial en los juicios y el mismo exmagistrado Rafael Solís ha confirmado que estos procesos son dirigidos desde El Carmen, donde opera el núcleo del régimen por lo que deberían ser anulados.  

El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dedicó un apartado especial titulado “Afectaciones a la independencia del Poder Judicial” donde evidencia que las familias de las víctimas, como muchas otras personas entrevistadas, “tienen una evidente desconfianza en el sistema institucional y hasta la certeza de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial son agencias totalmente dependientes del poder político". 

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Y esta percepción puede verse tanto en las familias que decidieron formular denuncias como en las que directamente optaron por no presentar denuncia alguna. Esta percepción sobre la falta de independencia del sistema de justicia no es nueva. En verdad, la propuesta de crear un mecanismo de investigación internacional, que derivó en la creación del GIEI, expresa justamente la desconfianza en el actual sistema judicial, señala el informe. 

El Estado está trabajando para establecer la verdad de los hechos registrados a partir del 18 de abril de 2018 

Desde abril de 2018 a la fecha el régimen a través de su manipulación al Poder Judicial y sus dependencias únicamente ha procesado a manifestantes, pese a que hay denuncias de familiares de víctimas contra policías y paramilitares plenamente identificados, hasta ahora ninguno ha sido detenido o procesado.  

Los juicios han sido fuertemente cuestionados por sus inconsistencias, falta de pruebas y en la mayoría de los casos los únicos testigos presentados por la Fiscalía han sido los mismos policías que participaron en la represión. 

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Según el GIEI, en Nicaragua desde el punto de vista institucional ha habido una actuación monolítica entre las máximas autoridades del poder ejecutivo, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional “y eso se desprende tanto del incumplimiento de las funciones propias de esos poderes, como en gestos públicos que lo han mostrado sin disimulo”. 

En Nicaragua existe plena libertad de expresión y los medios ejercen su función sin censura previa 

Desde abril de 2018 la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha documentado al menos 1,080 ataques a la libertad de prensa, decenas de periodistas han sido golpeados, robados y amenazados por policías, paramilitares y turbas orteguistas.  

Las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial siguen tomadas ilegalmente por la Policía Orteguista desde diciembre pasado y La Prensa y El Nuevo Diario tienen su materia prima retenida en Aduanas desde el mes de septiembre sin justificación alguna de parte de las autoridades.  

Al menos 70 periodistas han salido al exilio, uno ha sido asesinado, programas de televisión han sido cerrados por presiones de Telcor y hay periodistas presos por ejercer su derecho a informar y de aquí se deriva la siguiente mentira.  

Ningún periodista ha sufrido cárcel por ejercer el derecho a informar 

Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, ambos periodistas del clausurado 100% Noticias cumplen este miércoles 145 días de encierro en condiciones inhumanas y enfrentando un juicio por ejercer su derecho a informar y mostrarle al pueblo lo que el régimen quería ocultar.  

Nunca hemos reprimido ninguna manifestación pacífica 

Desde el inicio de las protestas el 18 de abril de 2018 en León y Camino de Oriente, Ortega envió a reprimir a la Policía combinada con turbas de la Juventud Sandinista, quienes semanas después serían acompañados por paramilitares.  

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI, larepresión y persecución estatal fue de tal envergadura que miles de personas se vieron forzadas a buscar refugio fuera del país. 

“La respuesta del Estado ante la movilización ciudadana fue la represión armada y el intento de disciplinamiento de las voces disidentes. El uso letal, indiscriminado, abusivo y arbitrario de la fuerza por parte de fuerzas estatales y paraestatales fue un símbolo de la conducta desplegada”, indica el informe del GIEI.  

198 muertos 

Aunque el régimen de Ortega insista en que los hechos registrados a partir de abril de 2018 dejaron únicamente 198 víctimas, la CIDH ha documentado al menos 325 asesinatos, la mayoría atribuidos a policías y paramilitares.  

Otros organismos nacionales hablan de más de 500 muertos, pero el régimen solo reconoce 198, destaca la muerte de 22 policías, pero sigue sin reconocer su responsabilidad en los hechos.  

Nunca se utilizó armas letales  

Según el GIEI, Frente a las manifestaciones pacíficas y espontáneas de la sociedad civil la respuesta del régimen fue violenta, “y recurrió al uso desproporcional de la fuerza, utilizando armas letales y permitiendo que grupos para estatales participaran al lado de las fuerzas policiales en reprimir a los manifestantes”. 

Una investigación del sitio web Bellingcat, especializado en análisis de zonas de guerras, evidencia cómo paramilitares y policías, en una acción de guerra, tomaron por la fuerza la ciudad de Masaya y la UNAN – Managua en julio del año pasado. 

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Hay evidencias de la utilización de rifles Remington 700, cuya versión militar se llaman M24SWS, rifles de asalto M-16, rifles AK, magacines de municiones y posiblemente armas Jericho 941 o HS 9. El estudio también presenta evidencia del uso de rifles AK con magacines de tambores rumanos que contienen 75 rondas.