Vía decreto, Ortega impone control del ciberespacio para "minimizar amenazas y riesgos"

Vía decreto, Daniel Ortega aprobó este martes la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que contiene instrucciones precisas para regular, perseguir, castigar o minimizar los riesgos y amenazas en cibernéticas en Nicaragua. Para ello, instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) elaborar un plan de acción, lo cual deberá pasar por revisar y actualizar el marco jurídico para perseguir ciberdelitos.

La medida aprobada por Ortega comprende cinco ejes: Fortalecimiento institucional en ciberseguridad; la aprobación de un marco jurídico: educación, formación y capacitación; así como, el fortalecimiento tecnológico; y la seguridad y resiliencia sobre los servicios e infraestructura a nivel nacional.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad fue aprobada vía decreto por Ortega, un día después de la presentación de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos ante la Asamblea Nacional, por parte de la bancada sandinista. Es esta se proponen penas carcelarias de 2 a 8 años y multas de 200 a 500 días de trabajo a las personas que difundan o reproduzcan información pública o privada que sea catalogada como violatoria de ley, incluidas lo que clasifiquen como noticia falsa. Especialistas advierten en esta norma un instrumento para criminalizar a los medios de comunicación y ejercer un control desmedido del uso de las redes sociales, pues cualquier ciudadano puede ser procesado.

RIESGOS Y AMENAZAS

Ortega señala en su decreto que “existen riesgos y amenazas cibernéticas asociadas con el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación”, y propone la creación de un órgano administrativo y técnico compuesto por el sector público y privado quienes en teoría elaborarán políticas, programas y proyectos encaminados a la ciberseguridad.

En materia de fortalecimiento jurídico, Ortega plantea “revisar y actualizar el marco jurídico y administrativo para crear mecanismos ágiles y seguros para la denuncia ciudadana sobre hechos de cibercrimen”.

Según Ortega, es "imprescindible contar con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad para la gestión y minimización de riesgos ante este nuevo tipo de amenazas, así como las reglas para adquirir y operar tecnología, tomando en cuenta el contexto nacional e internacional en materia de ciberseguridad".

La estrategia, que se enmarca en la Política de Seguridad Nacional, buscará establecer las condiciones administrativas y jurídicas en materia de ciberespacio, así como las condiciones técnicas de seguridad y resiliencia de las TICs en infraestructuras críticas, del sector público y demás sectores económicos del país.

Al igual que la iniciativa presentada por la bancada sandinista que establece “la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de Información y la Comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías su contenido”.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN

El decreto presidencial publicado en la Gaceta, diario oficial, establece la formulación “de protocolos de prevención, detección y respuesta ante ataques a los servicios, (y a los) sistemas de información”.

Además define las amenazas como signos o indicios que anuncia un peligro, ya sea acción oo evento susceptible de producirse, transformarse en agresión contra un entorno o unos recurso y actuar en detrimento de sus seguridad.

Según el decreto, “las amenazas pueden provenir de numerosas fuentes, incluso gobierno hostiles, grupos terrorista, empleados descontentos e intrusos maliciosos”.

En relación al cibercrimen, Ortega lo conceptualiza como la capacidad sin previo consentimiento a información y datos que son propiedad del gobierno, personas y empresas.