Aguirre Sacasa: Ortega busca una negociación con Estados Unidos

Las dos iniciativas de ley que el dictador Daniel Ortega ha enviado a la Asamblea Nacional y con las que pretende imponer cadena perpetua a los opositores y criminalizar a quienes el Ministerio de Gobernación considere “agentes extranjera”, son vistas por el excanciller Francisco Aguirre Sacasa (1997-2001) como una movida de ajedrez ante una eventual negociación con el próximo Gobierno de Estados Unidos. 

Esa interpretación difiere a la que han hecho analistas y dirigentes de agrupaciones políticas que consideran una arremetida de Ortega contra opositores, oenegés, medios de comunicación en un intento de afianzar más su totalitarismo. “Esos dos proyectos de ley, que seguramente van a ser aprobados por la mayoría absoluta que tiene el Gobierno en la Asamblea Nacional, son parte de un juego de ajedrez político”, explica. 

El exrepresentante de la diplomacia nicaragüense durante el gobierno de Arnoldo Alemán también cree que esas dos iniciativas de ley han sido impulsadas para intimidar a miembros de la oposición. Desde su punto de vista, cree que la dictadura está haciendo movidas para negociar con Estados Unidos y “no tanto con la oposición”.

“Lo que está buscando el presidente Ortega es presentarle a cualquier gobierno que asuma el poder en Washington el 20 de enero de 2020, ya sea el gobierno actual de Donald Trump o  un gobierno demócrata encabezado por Joe Biden es tablero en en el que (el régimen) van a decir  estas son las piezas mías. ¿Qué me van a dar ustedes a cambio de bajar la presión a mi Gobierno? O bien hablar de quitar  sanciones a algunos funcionarios a cambio de cierta apertura electoral”, explica. 

Ortega primero bajó una orientación a la Corte Suprema de Justicia para que, junto con el Parlamento, establezcan la pena de cadena perpetua en el país, lo que implica modificar el artículo 37 de la Constitución. Esta iniciativa entraría en vigor hasta el año entrante debido a que se requieren dos magistraturas para cambiar la Carta Magna.

El anuncio lo hizo Rosario Murillo, el 14 de septiembre, a raíz de dos femicidios contra menores de edad en Mulukukú, Caribe Norte, que fueron abusadas y asesinadas cruelmente. “El Presidente de la República mandó a reformar las leyes pertinentes para proceder a remitir a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio crueles y aberrantes”, expresó Rosario Murillo.

El término “crímenes de odio” alarmó a la oposición, ya que es la acusación que ha hecho Ortega contra ciudadanos y organizaciones sociales que se involucraron en las protestas cívicas de la Rebelión de Abril. Pero Ortega se encargó de desnudar sus propias pretensiones en el acto del 199 aniversario de la Independencia de Nicaragua en el que se dirigió a los opositores: “No hay indulto, no hay amnistía que valga”. 

El segundo zarpazo llegó el 21 de septiembre con el anteproyecto Ley de regulación de agentes extranjeros que presentó la bancada sandinista en el Parlamento con la que se controlará los fondos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. El régimen no sólo criminaliza a quienes reciben recursos del exterior sino que podrá confiscar y congelar cuentas bancarias.

Además, impide que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero participen en la vida política en Nicaragua, porque será considerado “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos”, alegando que se pone en riesgo la seguridad del Estado, evocando la política de censura impuesta en 1980 por la Dirección General de Seguridad del Estado.

Por si fuera poco, la ley inhibirá a todas las personas consideradas como agentes extranjeros, a empleos públicos o candidaturas de cualquier naturaleza.

El excanciller cree que el proyecto Ley de regulación de agentes extranjeros creará malestar entre la comunidad internacional principalmente en las agencias de cooperación. 

“Esto no solamente va a crear incomodidad internamente en Nicaragua sino entre aquellos donantes que han respaldado a estas instituciones”. Por otro lado, menciona que las oenegés se encuentran en agonía en el país.

El año pasado la dictadura de Daniel Ortega quitó la personería jurídica de nueve oenegés, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. “El tema de las organizaciones no gubernamentales va a seguir siendo importante en Nicaragua con la ley que propone el gobierno”. agrega.

En una eventual mesa de negociación, el principal rol lo tendría el Gobierno de Estados Unidos, pues representa “un músculo que tiene la oposición nicaragüense”. “Daniel Ortega no se va a sentar a negociar ahorita porque sabe que la negociación que pudiera tener más adelante tendría que ser con alguien que tiene más músculo que la oposición, me refiero a Estados Unidos y su próximo gobierno porque el actual gobierno está buscando como sea reelecto”.

— ¿No podría ocurrir lo mismo que ha pasado en Venezuela, que a pesar de las presiones internacionales Maduro sigue al frente del país? 

“Podría ocurrir lo mismo que ha pasado en Venezuela, podríamos caer en la misma situación en la que se encuentra Venezuela o Cuba, pero también podríamos ver una salida negociada en el caso de Nicaragua. Hay varios escenarios que se pueden dar en Nicaragua pero una realidad objetiva es que nuestro nuestra posición deja mucho que desear no se ha unido”.