Policía no deja rastro de millonarias compras de vehículos en tiempos de represión

En los últimos dos años la Policía Orteguista ha realizado millonarias compras de vehículos en Nicaragua, sin que los gastos sean reportados en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (SISCAE). Las compras han sido principalmente camionetas doble cabina 4x4 utilizadas para reprimir las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega. 

En abril de 2019 la Policía presentó una flota compuesta por 81 medios de transporte: 31 camionetas, 44 motocicletas y seis microbuses, cuyo costo superó los 28 millones de córdobas que salieron del Presupuesto General de la República. 

El comisionado general Aldo Sáenz detalló que esos medios serían destinados a los siete distritos de Managua y dejó entrever que la razón principal de la compra era seguir reprimiendo a opositores al régimen.   

“El reforzamiento de la seguridad ciudadana implica que estamos atacando aquellos factores de riesgo de mayor incidencia. Esta nueva flota entra en función desde este momento”, aseguró. 

Un mes después, el 7 de mayo del año pasado, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que financiaría en su totalidad la adquisición de una nueva flota vehicular para la Policía Orteguista, según una licitación publicada en un diario nacional.  

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La flota consistía en microbuses tipo panel, microbuses de 30 pasajeros, microbuses de 25 pasajeros y lanchas con motor fuera de borda, pero no se detalló el monto total de las compras requeridas. 

En 2018 la Policía tenía previsto comprar otra flota vehicular para lo que había presupuestado 19.8 millones de córdobas, según el Plan Anual de Compras (PAC) de la institución, pero al buscar las ejecuciones de estas adquisiciones no se encuentran.   

“Es decir, no sabemos si realmente fueron ejecutadas y adjudicadas. Es probable que no se haya realizado la compra, aunque se haya planificado; o es probable que se haya realizado, pero que la institución no haya publicado el procedimiento”, explica Dayra Valle, del Observatorio de las Compras Públicas. 

DESPILFARRO PARA REPRIMIR 

Además de las compras hechas por la Policía, en los meses más duros de la represión de 2018 el régimen de Daniel Ortega a través de 16 instituciones del Estado compró 122 camionetas doble cabina 4×4, en las que gastó 109 millones de córdobas sin que hasta ahora se conozca para qué fin fueron adquiridas.   

Este tipo de vehículos fueron los más utilizados por policías y paramilitares durante la Operación Limpieza y las acciones represivas que intentaban frenar las masivas manifestaciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

La represión gubernamental de 2018 dejó al menos 325 personas asesinadas, centenares de presos políticos, decenas de desaparecidos, torturados y decenas de miles de exiliados.  

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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, considera que con estas compras queda explícita la intención de seguir reprimiendo, ahora con más velocidad y mejores equipos. 

“Esto quiere decir que la represión continúa. Me parece un crimen que mientras al pueblo se le recortan presupuestos para salud y educación, y en plena crisis económica, la Policía esté en ese tipo de derroches”, afirma la defensora de derechos humanos. 

MÁS VEHÍCULOS EN EL ESTADO

Adicional a la compra de las 122 camionetas, las instituciones públicas también compraron: 102 motocicletas, 22 vehículos sedan y dos microbuses. En 2018, en total, el régimen desembolsó 130 millones de córdobas para la compra de vehículos.   

Dayra Valle, investigadora del Observatorio de Compras del Estado, destaca que “las fechas en que se realizaron este tipo de compras (entre abril y octubre de 2018) fueron cuando se dio lo más álgido de la represión y no se logra establecer la utilidad de ese tipo de vehículos en las instituciones públicas que lo compraron”.  

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En Nicaragua, según la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737), todas las instituciones están obligadas a publicar la adquisición de bienes y servicios, pero la Policía Orteguista oculta sus millonarias compras vehiculares sin que se conozca el monto real de las adquisiciones y las fuentes financiamiento. 

Las compras deberían ser publicadas en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónico (SISCAE) a través de su portal web, a cargo de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). 

La investigadora Dayra Valle asegura que la Contraloría General de la República debería intervenir en las instituciones para investigar los procedimientos utilizados en estas compras y rendir cuentas a la población sobre estos gastos.