"Respaldo" a la cadena perpetua es manipulación, abuso y derroche: la orden está dada

La ruta legal para presentar la propuesta de cadena perpetua en Nicaragua no exige ningún tipo de consulta ciudadana. Por tratarse de una reforma de rango constitucional y penal, corresponde pasar la iniciativa a las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional, a las que se debería llamar a organizaciones, académicos y otros especialistas en la materia. Levantar firmas o encargar encuestas son métodos populistas orientados a manipular la realidad, aparentando prácticas democráticas, observan analistas. La orden está dada.

De forma inusual, Daniel Ortega respalda la "orientación" que antes giró a la Corte Suprema de Justicia de preparar la propuesta de reforma de ley, con el aval ciudadano, el cual recoge a través de una encuesta encargada y listados con miles de firmas, muchas conseguidas de empleados públicos, presión de por medio.

Ortega está empleando todos los medios para hacerle propaganda a la polémica iniciativa de ley para establecer la cadena perpetua como pena máxima para los “crímenes de odio”, la cual justifica como una acción ante los recientes asesinatos de niñas y mujeres en Nicaragua.

Se trata de “una acción populista” para “tergiversar las cosas y manipularlas”. Lo que busca la administración Ortega-Murillo es aparentar una consulta democrática, cuando en realidad está forzando a los trabajadores públicos a firmar la carta de apoyo a la cadena perpetua, afirmó el docente y especialista en derecho Germán Orozco.

AVAL CIUDADANO INNECESARIO

Luego que la vocera Rosario Murillo anunció la idea de Ortega, el pasado 14 de septiembre, el Frente Sandinista comenzó a recoger firmas entre su militancia y trabajadores públicos con el objetivo de legitimarla. Informó que se habían recopilado 650 mil firmas.

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El académico explicó que para presentar reformas de rango constitucional no se necesita levantar firmas del pueblo, ya que el artículo 3 de la ley 269, Ley de Iniciativa Ciudadana de Leyes, excluye a la ciudadanía de leyes: orgánicas; tributarias; las de carácter Internacional; las de Amnistía e Indultos; la del Presupuesto General de la República; las de Rango Constitucional; la Electoral; la de Emergencia; y la de Amparo.

Para Orozco la consulta emprendida busca aparentar un ejercicio democrático, cuando en realidad se está forzando a una parte de la población para que dé su apoyo.

“Conozco a gente que afirma que desde su trabajo las están forzando a firmar esa carta y corres el riesgo de que te despidan si no lo haces”, aseguró.

M&R, INSTRUMENTO DE PROPAGANDA

La empresa encuestadora M&R Consultores publicó el jueves los resultados de una consulta en la que el 90.5% de los entrevistados aprueban la cadena perpetua.

“Es como cuando hicieron la carta en contra de monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, para que el Papa Francisco lo retirara del país”, recordó el experto, quien sostiene que el trasfondo de la iniciativa es político y persigue amedrentar a los opositores.

Orozco considera que el incremento de la violencia en Nicaragua que causa alarma entre la población está asociada a la liberación de más de 23,000 reos comunes. Agregó que en ningún país las penas extremas, como la prisión de por vida, solucionan los problemas de violencia.

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“Prueba de eso es que hace un par de años incrementaron las penas por accidentes de tránsito y no por eso disminuyeron. La violencia no es el problema, es el efecto de un problema más estructural que tiene que ver con la educación, el machismo y la violencia cultural”, explicó. Producto de la violencia machista, Nicaragua registra a la fecha 58 mujeres asesinadas, entre ellas once menores de 17 años.

CONSULTA DEBE SER CON ORGANIZACIONES Y ESPECIALISTAS

Por su parte, el especialista en políticas públicas, Eduardo Solórzano, resaltó que las consultas sobre el aumento de pena se deberían de hacer en las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional y con las organizaciones especialistas en materia de seguridad y justicia.

“El proceso normal de una iniciativa de ley pasa por las comisiones que ya existen en la Asamblea y pasa a la consulta ciudadana, sobre todo con las organizaciones especialistas en el tema, como organizaciones de juristas o facultades de derechos de las mejores universidades del país, organizaciones de derechos humanos o feministas”, explicó Solórzano.

Aunque el establecimiento de la cadena perpetua en Nicaragua requiere un proceso lento, que incluye la mencionada reforma a la Constitución, consultas y la aprobación del 70 % de dos legislaturas en la Asamblea Nacional, diversos sectores no dudan que esta será aprobada, ya que Ortega tiene el control de todos los poderes del Estado.

"Creemos que detrás de esta reforma a la Constitución, que busca establecer la cadena perpetua, que lo va a hacer (...), está detrás cercenar y violentar los derechos constitucionales y de libertades públicas de los nicaragüenses", señaló la semana pasada Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia,