Ortega recibirá US$3.9 millones para hacer pruebas de Covid-19 que seguirá cobrando

 La Asamblea Nacional aprobará este martes un préstamo de US$43 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para atender la crisis del coronavirus en el país, de los cuales casi cuatro millones serán para compra de materiales destinados a laboratorios donde se realizan las pruebas de Covid-19. 

Sin embargo, en la práctica, el régimen de Daniel Ortega impone un cobro de US$150 dólares para los nicaragüenses que requieran las pruebas para salir del país y para quienes quieren entrar.  

La iniciativa de aprobación del préstamo, enviada con trámite de urgencia al Parlamento por Ortega, será sometida a votación este martes en el plenario dominado por el oficialismo. 

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De los US$43 millones que comprende el préstamo, 3 millones 940 mil dólares serán para la detección y seguimiento de casos, detalla el contrato con el BID. 

TESTEO SERÁ A NIVEL NACIONAL 

En total, 3 millones 700 mil dólares serán destinados a la red de diagnóstico y laboratorio que financiará la compra de equipos, insumos y reactivos necesarios para la realización de las pruebas PCR y serológicas para 15 laboratorios a nivel nacional. 

El proyecto incluye la compra de equipos de protección personal para 15 laboratorios a nivel nacional, el diseño, mejoramiento, ampliación y equipamiento de cuatro laboratorios epidemiológicos regionales y la capacitación del personal de salud para la toma y procesamiento de las muestras, así como la realización de las pruebas de detección del virus. 

Otros 240 mil dólares serán para la vigilancia e investigación de casos. En ese sentido se incluye la activación de “protocolos de investigación y seguimiento de casos a nivel nacional, local y en zonas de frontera”. 

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Sin embargo, hasta ahora el régimen se ha negado a aplicar pruebas a nicaragüenses que sin dinero arriban masivamente a las fronteras con Costa Rica y Honduras con la intención de regresar con sus familias.  

La indolencia del régimen se vio reflejada con el drama vivido durante 12 días por centenares de nicaragüenses que estuvieron varados en la frontera de Peñas Blancas durmiendo en el suelo bajo sol y lluvia y bajo intimidación policial.  

El régimen les negó la entrada al país pese a no contar con recursos tras quedar desempleados en Costa Rica y Panamá. El Ministerio de Salud se negó a realizarles las pruebas de Covid-19 para que pudieran completar los requisitos de ingreso impuestos por Ortega. 

MINSA OBLIGADO A REVELAR UBICACIÓN DE CASOS  

Con los recursos aprobados por el BID, el régimen a través del Ministerio de Salud se compromete a implementar un protocolo y formato de información al público sobre Covid-19.  

Asimismo, el Minsa deberá recibir asistencia técnica “para elaborar reportes de análisis y monitoreo de la diseminación geográfica del virus, la intensidad y tendencias de la enfermedad”.  

Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, en marzo pasado, el Minsa se ha negado a revelar la ubicación geográfica de los casos, el sexo y la edad de las personas afectadas y muertes por la pandemia; así como a revelar dónde ha impactado el Covid-19 a mayor escala. 

El contrato con el BID también incluye la actualización del sistema epidemiológico para la “inclusión del Covid-19 como enfermedad de notificación obligatoria”. 

DEBERÁ TRABAJAR CON LA OPS 

Al suscribir este préstamo con el BID por 43 millones de dólares, el régimen de Daniel Ortega estaría obligado a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que ha impedido de enviar una misión a Managua para analizar el impacto de la pandemia en el país. 

El contrato incluye el financiamiento de la contratación de la OPS para la gestión de asistencia técnica definida en el proyecto.  

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La OPS ha insistido en la necesidad de ingresar al país y ha rechazado el cobro de US$150 impuesto por el Minsa a las pruebas de Covid-19.  

Según la OPS, el cobro de las pruebas no se corresponde con los principios universales de acceso a la salud y limitan la capacidad de los gobiernos para conocer cuál es la situación real de la pandemia en el país.   

“La OPS considera que basado en los principios de acceso universal a la salud y equidad para las personas que no tienen recurso, y sobre todo en una pandemia, las pruebas no deberían tener costo para la población”, explicó el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias de la OPS ante una consulta de DESPACHO 505.