El coronavirus deja a los sandinistas sin su gran fiesta anual

Este año la capital nicaragüense no ha recibido delegaciones sandinistas de toda Nicaragua para el "acto del 19", que gira alrededor de Daniel Ortega.

Por primera vez desde 1979 el antiguo centro de Managua no servirá de escenario para la mayor fiesta anual de los sandinistas, la revolución popular de Nicaragua, celebrada cada 19 de julio, y suspendida este año a causa de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca el padecimiento de COVID-19.

Este año la capital nicaragüense no ha recibido delegaciones sandinistas de toda Nicaragua para el "acto del 19", que gira alrededor del presidente Daniel Ortega. Por el contrario, los militantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han sido orientados a encerrarse en sus casas, para ver un concierto de música revolucionaria por televisión.

Hace diez días, la esposa de Ortega, vicepresidenta Rosario Murillo, informó que no habría "acto del 19", lo que causó sorpresa a pesar del tenso ambiente que se respira por la crisis sociopolítica local, ya que sólo cuatro meses antes el Gobierno organizó una fiesta con aires de carnaval denominada "Amor en tiempos del COVID-19", que reunió a miles de sandinistas, al no asistió la familia presidencial.

La celebración de la revolución nicaragüense, cada 19 de julio, no solamente ha sido la fiesta sandinista más importante del año, también ha representado una oportunidad para Ortega, quien casi no se deja ver en público, se dé un baño de masas, y para que el FSLN muestre su músculo político, con la presencia de miles de personas reunidas en una sola plaza.

En la misma Ortega suele dar extensos discursos, en los que habla de historia, repudia a Estados Unidos, y brinda mensajes sobre su política de Gobierno, como en 2019, cuando cerró las puertas a un diálogo para superar la crisis sociopolítica local, y al adelanto de las elecciones de 2021, o como en 2018, cuando afirmó que los obispos eran parte de un supuesto "golpe de Estado fallido" en su contra.

DISIDENTES

Algunos opositores creen que la suspensión de la celebración no está tan relacionada a la pandemia como a una supuesta baja popularidad de Ortega, pues, según una encuesta de CID Gallup divulgada en junio pasado, solamente un 24 % de los consultados simpatizaba con el FSLN, y el 71 % afirmó que el presidente conduce al país por un rumbo equivocado.

Las escasas apariciones de Ortega, todas por televisión, la cancelación intempestiva de discursos televisados, o eventos que debía presidir, como el de este día 19, alimentaron el morbo sobre el estado de salud del presidente de 74 años en las últimas horas.

El pesado ambiente político pareció haber recrudecido en las últimas horas, ya que diferentes movimientos opositores y organismos defensores de los derechos humanos reportaron que grupos sandinistas, junto con paramilitares, asediaron las viviendas de disidentes, se incrementaron los retenes policiales, así como las amenazas de muerte contra personas que el FSLN llama "golpistas".

Si bien los opositores han acordado evitar salir a las calles este domingo, también anunciaron un boicot contra la celebración sandinista, que ejecutarán con la denominada "Marcha virtual azul y blanco", en la que cada disidente subirá a sus redes sociales una fotografía con la bandera de Nicaragua, o con mensajes en demanda de "justicia, libertad y democracia".

La crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus se sumó a un conflicto sociopolítico que Nicaragua arrastraba desde 2018, cuando protestas multitudinarias contra Ortega fueron controladas con ataques armados que dejaron cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Tanto la oposición, como organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, reclaman que Ortega ha cometido delitos "de lesa humanidad".

Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en marcha contra Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, que, de ejecutarse suspendería al país del organismo.