Dictadura transfiere inmueble en Managua a la Cornap
Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron el traspaso de una propiedad en Managua a las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).
La trasnferencia será ejecutada por la Procuraduría General de Justicia y la propiedad está registrada bajo el Número Absoluto de Propiedad (NAP): BI-2L35UJQE.
Mediante el Acuerdo Presidencial 37-2026, publicado este viernes en el diario oficial La Gaceta, los codictadores autorizaron a la procuradora Wendy Morales para que, junto con la directora de la Cornap, comparezca ante la Notaría del Estado y suscriba la escritura pública de “donación” del inmueble, actualmente inscrito a nombre del Estado de la República de Nicaragua.
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Según el artículo 1 del acuerdo, la donación tendría como supuesto objetivo “fortalecer el patrimonio administrado por esa instancia y así fomentar el desarrollo del país”.
El régimen también autorizó a la directora general de las Corporaciones Nacionales del Sector Público presentar ante la junta directiva la aceptación de la donación del inmueble para su correspondiente aprobación.
Terreno podría ser confiscado
El acuerdo también ordena a la procuradora incluir en el contrato de donación todas las cláusulas que considere pertinentes con el objetivo de “salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua”. Asimismo, deberá ejecutar todos los actos jurídicos, judiciales, administrativos, notariales y registrales necesarios para cumplir con lo dispuesto en el documento.
Ante la falta de información pública sobre los bienes que el régimen ha transferido a otras instituciones estatales, opositores consideran que el inmueble podría tratarse de una propiedad previamente confiscada y posteriormente registrada a nombre del Estado.
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Esta sería la primera vez que la dictadura dona un inmueble a las Corporaciones Nacionales del Sector Público. Desde que estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018, el régimen ha confiscado los bienes de más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro.
Solo en agosto de 2024, el régimen ilegalizó y confiscó los bienes de 1.500 organizaciones, en lo que se convirtió en el mayor paquete de cancelaciones y confiscaciones dentro de la ofensiva contra opositores y organizaciones civiles.
