Régimen dona cinco propiedades al INSS en Managua
Otras cinco propiedades ubicadas en el departamento de Managua fueron “donadas” este jueves al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizar el traspaso a nombre de la institución.
Mediante el Acuerdo Presidencial 34-2026, el régimen autorizó a la Procuraduría registrar una propiedad inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Managua bajo el Número Absoluto de Propiedad (NAP): BI-9A6U0SP.
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Otras cuatro propiedades, identificadas como NAP: 1.BI-L00FBY1; 2.BI-L00FEA0; 3.BI-L00FDLR y 4.BI-L00FE52, en un segundo Acuerdo Presidencial 35-2026, también ubicadas en la capital, fueron donadas al INSS. Debido a la falta de información sobre estos bienes, se desconoce si pertenecían a algún opositor o a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) confiscadas previamente por la dictadura.
Las propiedades son entregadas con la finalidad de “fortalecer la seguridad social” de los nicaragüenses, según consta en dos acuerdos ministeriales publicados este jueves en La Gaceta, Diario Oficial.
Donaciones provienen de confiscaciones
En los últimos meses, el régimen ha acelerado el traspaso de propiedades al INSS. Opositores han denunciado que varias de ellas provienen de confiscaciones a oenegés y a personas que han sido expulsadas del país.
Mediante los acuerdos presidenciales, los codictadores Ortega y Murillo “autorizan” a la Procuraduría a comparecer ante la Notaría del Estado para suscribir las escrituras públicas a nombre del INSS.
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Asimismo, la pareja codictadora autoriza al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, a presentarse ante el Consejo Directivo de la institución para que apruebe y acepte la “donación”.
El régimen no brinda detalles sobre el tamaño de las propiedades, si cuentan o no con infraestructura, ni sobre la ubicación exacta de los inmuebles, lo que, según opositores, hace imposible determinar si estos traspasos corresponden a bienes confiscados a particulares u organizaciones.
