Dictadura defiende su negocio del oro y niega discrecionalidad en concesiones a empresas chinas
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) defendió este sábado el otorgamiento de concesiones mineras que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han venido otorgando de manera discrecional a empresas China, bajo el argumento de que han sido designadas de manera transparente y cumpliendo con el debido proceso.
En una nota de prensa de 10 puntos, la PGJ defendió que todas las empresas mineras que han sido favorecidos por la dictadura, cumplen con el marco legal y con la información técnica, ambiental y tributaria; sin embargo, en los últimos dos años, las empresas chinas han sido beneficiadas con concesiones mineras de manera discrecional.
El argumento de la PGJ es que todas las empresas que operan en el país cumplen sus obligaciones tributarias, aunque reconoce que no existe un control y que los aranceles están sujetos a revisiones y con el visto bueno de las empresas, ya que son las mismas empresas las que solicita la tasa arancelarias a imponer.
"Por norma general, en lo que corresponde a otros impuestos (como en todos los países del mundo), estos son objeto de revisión ajustes; cuando los concesionarios así lo soliciten y encuentre todo, conforme el marco legal", dice la nota de prensa.
La PGR sostiene que las empresas están obligadas —bajo el artículo 77 de la Ley 387— a entregar reportes técnicos periódicos, y que los ajustes tributarios responden a solicitudes formales de los concesionarios, no a prácticas discrecionales.
Pero el pronunciamiento evita aclarar por qué el régimen ha incrementado aceleradamente las áreas concesionadas y ha concentrado la explotación en un puñado de corporaciones con vínculos históricos con el poder.
Según la dictadura, promueve la libre competencia
La dictadura sostiene que promueve una libre compentencia en el mercado de la minería; sin embargo, las áreas de explotación con mayor potencial han sido designadas a las empreas chinas. También asegura, que las empresas mineras cumplen con los informes técnicos ambientales.
No obstante, organizaciones ambientales y sectores comunitarios han advertido sobre el impacto de la expansión minera en zonas rurales y ecosistemas vulnerables, así como la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental.
El comunicado oficial no aborda estos señalamientos y se limita a afirmar que el aprovechamiento minero se realiza de forma sostenible y en convivencia armónica entre grandes empresas y minería artesanal.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene que el país cuenta con un "sólido marco regulatorio" y que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales ejerce un "estricto seguimiento" para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
También critica a los medios de comunicación que han denunciado el incremento de la zona de explotación mineral, al afirmar que se trata de una campaña de desinformación, y puso el ejemplo de las empresas canadienses Equinox y Hemno Mineros de Nicaragua que han recibido 64 concesiones mineras, que concentran el 34,28% del área bajo aprovechamiento minero en el país.
"Sobre publicaciones maliciosas, que buscan desestabilizar, al mencionar a empresas pertenecientes a los grupos Equinox y Hemco Mineros, informamos que éstas, se encuentran operando en Nicaragua sin restricciones; mediante 64 concesiones, que representan el 34.288 de las áreas bajo aprovechamiento minero, permitiendo a estos dos grupos económicos, exportar oro durante el 2025 por un valor aproximado de USD$1; 325 Millones de dólares", indicó la institución en una nota oficial.
