Calibre Mining renuncia a otra concesión minera y acumula más de 261 mil hectáreas abandonadas

La empresa Calibre Mining Nicaragua S.A., filial de la canadiense Equinox Gold, renunció a otro lote de 26,066.19 hectáreas de tierra que le habían sido otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) desde el 11 de julio de 2022.

Las continuas renuncias de la minera —que en una semana ha desistido de más de 261,000 hectáreas— coinciden con la apertura del mercado minero a empresas chinas y con la agresiva política fiscal del régimen Ortega-Murillo, que busca asfixiar financieramente a las compañías privadas.

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial No. 006-DM-005-2024, fechado el 11 de julio de este año, pero publicado hasta el 4 de noviembre en La Gaceta, Diario Oficial, la empresa renunció al lote “Jade”, ubicado en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

La compañía explicó que su decisión responde a “no encontrar potencial de interés en el corto y mediano plazo”, aunque el MEM ya ha confirmado que las áreas podrán ser reofrecidas a otras empresas en un plazo máximo de 30 días.

Siete concesiones en una semana

Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, Calibre Mining ha renunciado a siete concesiones mineras, todas localizadas en la Costa Caribe.

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Aunque la empresa insiste en que las renuncias obedecen a “razones técnicas”, estas decisiones ocurren en un contexto de cambio de correlación en el sector minero nicaragüense, donde al menos 11 compañías con capital chino ya operan con el aval del régimen. Varias de ellas, junto con empresas ligadas al Frente Sandinista, han sido especialmente favorecidas por el MEM en los últimos meses.

Presión fiscal y asfixia empresarial

El repliegue de Calibre Mining coincide también con la ofensiva fiscal del régimen, que en las últimas semanas ha impuesto fuertes reparos a varias de las principales compañías del país.

En el caso de Calibre Mining, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), reclama el pago de 36.6 millones de dólares en impuestos, intereses y multas.

El régimen sostiene que la empresa dedujo indebidamente impuestos mineros pagados entre 2019 y 2024, mientras que la compañía argumenta que esas deducciones son legalmente válidas y que el reclamo no tendrá impacto financiero.

No es un caso aislado. La Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN) —filial de Cervecería Nacional— enfrenta un cobro de 80 millones de dólares, y Agricorp fue notificada de un reparo de 394.5 millones de córdobas por supuestos impuestos atrasados del período 2019-2022.