Venezolano asesinado en Indio Maíz: el crimen que la Policía ordenó ocultar
La Policía orteguista ocultó durante meses el asesinato de un venezolano que había invadido la Reserva Biológica Indio Maíz para dedicarse a la minería artesanal ilegal. Jonathan José Márquez Rafeca, de 64 años, fue ultimado de dos balazos el 11 de enero de 2025 durante una disputa por tierras ocupadas dentro de la reserva.
El caso del venezolano asesinado nunca fue reportado por las autoridades a pesar de que diversas fuentes consultadas por DESPACHO 505 coinciden en que “ellos mismos sacaron el cadáver”.
Tras el asesinato, la orden desde Managua fue clara: ocultar el hecho y evitar la difusión de imágenes que dejaran en evidencia la permisividad con los invasores. “La instrucción fue no hablar del caso, para que no saliera a la luz que hasta extranjeros tienen vía libre para entrar a la reserva y dedicarse a la minería”, confió DESPACHO 505 una oficial de la zona bajo acuerdo de protección de identidad.
Se trata de la primera confirmación de la presencia de extranjeros entre los invasores de esta área protegida que ha sido convertida en un polo de minería ilegal, violencia e impunidad.
DESPACHO 505 constató mediante un rastreo en el registro de causas del Sistema Judicial que por el crimen del venezolano Márquez Rafeca fue detenido Carlos Abraham Rodríguez Almendárez, alias El Gato.
Según el expediente D00095-ORCS-2025-PN, el acusado fue presentado el 22 de enero en los Juzgados de San Carlos ante el juez Jhonnly Leiva Argüello, y permanece recluido en el Sistema Penitenciario de Cuisalá, en Juigalpa, a la espera de juicio.
El documento señala como antecedente un conflicto por el control de un lote minero en el sector conocido como Bonancita, en jurisdicción del municipio de El Castillo, Río San Juan. La audiencia con el juez está programada para este mes y el proceso cuenta con el testimonio de siete personas. Todo manejado bajo secretismo.
Minería ilegal y presencia de un extranjero en la reserva
Según fuentes policiales, Márquez Rafeca tenía bajo su control unas 30 manzanas dentro de la Reserva Indio Maíz, donde instaló a cinco güiriseros dedicados a la extracción artesanal de oro. Para los comunitarios de la zona sigue siendo un misterio cómo el extranjero logró abrirse paso en una actividad dominada por operadores políticos locales con el consentimiento de las autoridades.
No obstante, coinciden en que su caso y trágico desenlace son un reflejo de la creciente descomposición en la reserva: cada día nuevos colonos ingresan con aval oficial para asentarse en este pulmón de Centroamérica, acelerando la devastación ambiental y aumentando la violencia en los territorios indígenas.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, responsabiliza directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la expansión minera y la violencia que impera dentro de la Reserva Indio Maíz.
Ruiz sostiene que esta “actividad ilegal”, amparada por las autoridades, ha transformado la Reserva Indio Maíz en un territorio donde impera “la ley del más fuerte” y la seguridad simplemente no existe.
“Si alguien llega con intereses que chocan con los de quienes controlan la minería y otros negocios ilícitos, se generan situaciones que terminan en asesinatos, como los ocurridos en el sector de Las Cruces”, denunció Ruiz.
A ello se suma la inoperancia y complicidad de las instituciones del Estado, señalan comunitarios, que apuntan a la ausencia real del Ejército, la Policía y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la reserva. “Ahí no hay Policía ni Ejército, no hay vías de acceso, los heridos salen en hamacas, los asesinatos tardan hasta tres días en conocerse y hay mucha gente armada que impone sus propias reglas”, relató una fuente consultada.
La minería arrasa la Indio Maíz
Un informe de la organización ambientalista Fundación del Río, presentado en abril, revela un avance indiscriminado de la minería artesanal en la Reserva Biológica Indio Maíz. La mayor actividad extractiva se concentra en el sector conocido como Las Cruces, un asentamiento minero mapeado en 2022 que a estas alturas abarca 250 hectáreas del área protegida.
El distrito minero ilegal está delimitado en tres sectores identificados como “Nueva Managua” o “Managüita”, “Siuna” y “Bonanza o Bonancita” que suman una población permanente de 3,000 personas. La vida dentro de la reserva genera alta demanda de productos y servicios. Hay instalados dos bares y una iglesia y en medio de esa dinámica que degenera el recurso natural también se ha abierto un corredor comercial de droga, alerta el estudio.
Además del enorme enclave minero de Las Cruces, la Fundación del Río ha identificado al menos tres focos de extracción dentro de la Reserva Indio Maíz. Dos de ellos, La Chiripa y El Naranjo, fueron detectados hace dos años, y más recientemente se ha documentado un nuevo sitio de explotación en territorio Rama y Kriol, en la zona de Punta Fina / Caño Negro.
Un pulmón verde donde corre la sangre
El asesinato del venezolano no es un hecho aislado. En los últimos meses, el distrito minero Las Cruces en la Reserva Indio Maíz, ha sido escenario de crímenes que permanecen en la impunidad:
Septiembre 2024: doble homicidio de Manuel de Jesús Dávila Cano (20 años) y Jahaira Olivas Sevilla (35), hallados en estado de descomposición.
Diciembre 2024: una niña de un año fue asesinada por su padrastro en la zona.
Enero 2025: Silvio Federico Salinas fue ultimado en el sector conocido como La Pimienta, municipio de San Juan de Nicaragua, en un conflicto por tierras.
Julio 2025: la minera artesanal Rosa María Dormuz fue asesinada por su pareja en el asentamiento Managüita.
Estos hechos evidencian un patrón de violencia persistente en la Reserva Biológica Indio Maíz, convertida en enclave de minería ilegal y escenario de disputas armadas. Lejos de ser casos aislados, los crímenes registrados confirman las advertencias de organizaciones ambientalistas sobre la devastación del área protegida, la penetración de bandas criminales y la ausencia del Estado en uno de los principales pulmones naturales de Centroamérica
