“La Procuraduría es fachada para la concentración absoluta de poder”, advierte Gonzalo Carrión
El nombramiento y ratificación de Wendy Morales como Procuradora General de Justicia no es un hecho aislado, sino parte de la estrategia del régimen Ortega-Murillo para consolidar el control total sobre el sistema judicial, advierte el abogado Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Carrión cuestiona la reciente creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la eliminación de la autonomía del Ministerio Público, aprobada por la Asamblea controlada por el Frente Sandinista, el pasado 26 de agosto con 91 votos oficialistas y sin debate.
Según el jurista, esta decisión viola principios básicos del derecho constitucional moderno que delimitan el poder y protegen los derechos fundamentales.
“A partir de abril de 2018, lo que quedaba de orden constitucional aceptable fue destruido. Hoy vivimos bajo un régimen que comete violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, en total impunidad”, afirmó.
Para Carrión, la nueva figura es “un mamotreto” que concentra facultades extraordinarias en una sola persona.
“La señora que ahora es Procuradora ya tenía una gran concentración de poder y una gran responsabilidad en violaciones a derechos humanos, incluyendo despojo arbitrario de propiedades. Ahora le otorgan funciones que hacen desaparecer al Ministerio Público, que pese a ser leal a la tiranía, parece no haber sido suficiente”, señaló.
El abogado considera que esta estructura responde a una lógica de poder absoluto. "En Nicaragua no hay un orden constitucional decente, lo que hay es una tiranía. La voluntad de la pareja Ortega-Murillo es ley, aun cuando signifique la violación total de derechos humanos y principios democráticos”, expresó.
Carrión subrayó el carácter sistemático de las violaciones a derechos humanos desde 2018 y cómo estas socavan la legalidad en Nicaragua.
“Hoy por hoy, en el derecho constitucional contemporáneo, estamos frente a violaciones sistemáticas a derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, en total impunidad, y los mandatos constitucionales no han sido respetados”, dijo.
El defensor también criticó la forma en que se han realizado las reformas recientes. “Los despojos que dejaron de la constitución parecen insuficientes para la pareja Ortega-Murillo, porque ni siquiera han entrado en vigencia y ya reforman la Procuraduría General de Justicia a su antojo”, subtayó.
Se defiende
Wendy Morales rechazó que la Procuraduría concentre facultades con fines políticos. En declaraciones recientes a un medio oficialista, la Procuradora aseguró que la nueva ley “fortalece la defensa del Estado y del pueblo” y no representa un retroceso democrático.
“Que ahora se diga que somos un ‘superministerio’ no es correcto. La Procuraduría viene a garantizar la representación legal del Estado y la protección de los intereses del pueblo nicaragüense. No hay concentración indebida, hay un fortalecimiento institucional”, afirmó Morales.
También explicó que el objetivo de la PGJ es unificar la defensa jurídica y la gestión estatal bajo una sola autoridad para mayor eficiencia:
“En ningún momento se vulneran derechos ni se limita la acción penal, al contrario, se refuerza el trabajo para la seguridad jurídica y la protección de los bienes del Estado”, sostuvo.
