Raza e Igualdad denuncia redadas en Nicaragua: 23 personas detenidas arbitrariamente
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condenó enérgicamente las redadas policiales ejecutadas por el régimen Ortega-Murillo entre el 14 y 16 de agosto en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, que dejaron al menos 27 personas arrestadas. El Monitoreo Azul y Blanco (MAB), reportó que cuatro fueron liberadas, mientras 23 permanecen en detención arbitraria por motivos políticos.
Las personas arrestadas son en su mayoría excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos se llevaron a cabo mediante allanamientos violentos, saqueos, uso de perros adiestrados y detenciones nocturnas.
Entre los detenidos figuran el expreso político y exiliado retornado Óscar Velásquez Sánchez; el pintor Marvin Campos Chavarría; María José Rojas Arburola, hija del opositor asesinado Rodolfo Rojas; Chester Cortés, el tatuador Darwin Ayerdis; desaparecido desde su captura en julio, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente ante la Policía.
Condena internacional
Raza e Igualdad expresó su alarma por el patrón de represión que se repite en Nicaragua. “Con profunda preocupación vemos que el régimen no abandona el patrón de las detenciones arbitrarias por motivos políticos con el propósito de mantener a la población con temor de expresarse”, advirtió la organización.
El comunicado añade que es "inaceptable que en Nicaragua persista la práctica de detener a personas y someterlas a desaparición forzada, dejando a sus familias en la absoluta incertidumbre y dolor. Nadie debería vivir con el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Esta es una gravísima violación de derechos humanos que debe cesar de inmediato”, declaró Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.
La organización demandó al régimen informar de inmediato sobre el paradero de las personas arrestadas y garantizar su liberación, además de poner fin a la represión contra la Iglesia católica y respetar la libertad religiosa y la propiedad de los centros educativos administrados por esta institución.
Operativos sin orden judicial y clima de persecución
Según las denuncias, las redadas incluyeron allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina, detenciones nocturnas y represalias que también han alcanzado a familiares de exiliados y excarcelados políticos.
En Carazo las redadas masivas afectaron barrios y comunidades pocos días después de la confiscación del histórico Colegio San José, perteneciente a las Hermanas Josefinas. El acto de expropiación, anunciado públicamente por Rosario Murillo, estuvo acompañado de un discurso oficial que el Monitoreo Azul y Blanco señaló que “buscó justificar la incautación con acusaciones no probadas contra la Iglesia Católica”.
El organismo indicó que este clima de confiscaciones ha servido de telón de fondo para intensificar la persecución en Nicaragua.
Justamente en Carazo, el pasado 27 de julio, cinco ciudadanos fueron detenidos en el marco del 46º aniversario de la revolución sandinista y luego de que Ortega ordenara “capturar” y “procesar” a quienes “conspiren” contra su régimen, entre ellos el pastor evangélico Rudy Palacios.
El informe detalla que los operativos incluyeron allanamientos sin orden judicial, destrucción de bienes y robo de pertenencias. Muchas de las detenciones fueron ejecutadas durante la noche y madrugada, en algunos casos con múltiples cateos en una misma vivienda.
Hasta el 15 de julio, al menos 54 disidentes y críticos con el régimen de Nicaragua seguían en las cárceles del país, incluidos 18 adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía desde el 8 de marzo pasado, así como al antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano. También aparecen los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez; los militares en retiro Víctor Boitano y Eddie Moisés González Valdivia; y los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, entre otros.
Este patrón, advirtió el organismo, confirma la criminalización de la protesta iniciada en 2018 y revela una estrategia sistemática de represalia contra el exilio, utilizando el aparato estatal para castigar y silenciar la disidencia política.
Una vieja prática del régimen
El Informe de Derechos Humanos 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un sistema de persecución política que se apoya tanto en fuerzas policiales como en estructuras parapoliciales.
“La parapolicía, unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas con entrenamiento táctico marginal y jerarquía flexible que actuaba en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno y reportaba directamente a la Policía Nacional de Nicaragua y a personas vinculadas al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, llevó a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia supuestos enemigos del régimen”, señala el documento.
Según el informe, estos operativos clandestinos y violentos tuvieron como blanco a ex presos políticos y sus familias, activistas de trabajadores agrícolas, opositores a favor de la democracia, defensores de derechos humanos, líderes del sector privado, clérigos, actores religiosos y miembros del propio partido gobernante que manifestaron disidencia o intención de desertar. El régimen no investigó ni procesó estas acciones, consolidando un clima de impunidad.
El reporte también documenta la práctica de desapariciones forzadas, ya que “hubo informes de desapariciones forzadas a manos de autoridades gubernamentales o en su nombre. Varias organizaciones de derechos humanos informaron de que la Policía Nacional de Nicaragua y las autoridades penitenciarias habían hecho desaparecer por la fuerza a miembros de la oposición política”.
El mecanismo se ejecuta a través de detenciones arbitrarias, sin informar a familiares ni abogados, negando acceso a recursos legales básicos como el hábeas corpus.
“Estas organizaciones citaron muchos casos en los que las autoridades detuvieron a opositores políticos sin informar a sus familiares ni a un abogado, sin proporcionar información sobre dónde estaban detenidos, sin presentar a los presos ante un tribunal público y negándoles todo acceso a recursos legales”, agrega el informe.
El Departamento de Estado destaca que en al menos nueve casos las fuerzas de seguridad mantuvieron a presos políticos incomunicados hasta por tres meses, trasladándolos en secreto entre cárceles, hospitales y clínicas sin orden judicial ni notificación a sus familias.
La falta de transparencia judicial agrava esta situación, dice Estados Unidos, pues “las autoridades no publicaron muchos de los casos contra presos políticos en el sistema de información en línea del poder judicial”, apunta el informe, lo que confirma un patrón de criminalización, secretismo y castigo político que coincide con las denuncias de organismos internacionales de derechos humanos.
