Mega confiscación en Nicaragua arrasa comunidades enteras: más represión, saqueo e inseguridad jurídica
Nicaragua registró este martes la operación de confiscación más grande de su historia, un encargo de Rosario Murillo y Daniel Ortega que los diputados, bajo su control absoluto, ejecutaron con la velocidad de un apretar un botón. En cuestión de minutos, el régimen se apropió de un vasto territorio de aproximadamente 18 mil kilómetros cuadrados, correspondiente a una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras con Honduras y Costa Rica.
Esta mega confiscación arrasará con pueblos enteros, intensificará los controles represivos en las fronteras norte y sur, y allanará el camino para que el régimen Ortega-Murillo expanda el negocio minero de sus aliados chinos en una zona donde ya ha comenzado a repartir concesiones, apuntan analistas consultados por DESPACHO 505.
La toma de tierras fue ejecutada mediante la aprobación de la denominada Ley de terrorio fronterizo que, a juicio de los expertos, representa el mayor robo de propiedades registrado en la historia de Nicaragua. La confiscación abarca al menos 18 mil kilómetros cuadrados e implicará el despojo masivo de bienes a productores, empresarios y territorios indígenas. Organizaciones y expertos alertan que la medida tendrá efectos devastadores en lo social, ambiental, económico y jurídico.
La ley, presentada por el Ejecutivo con carácter de urgencia, redefine como territorio fronterizo el área comprendida desde el límite de frontera convencional hasta quince kilómetros hacia el interior del país. La norma, de apenas cuatro artículos, establece que esta franja pasa a ser propiedad del Estado, bajo el argumento oficial de "prevenir injerencias externas", reforzar la soberanía nacional y combatir amenazas como el narcotráfico y la trata de personas.
Sin embargo, el economista Juan Sebastián Chamorro considera que se trata del robo más grande en la historia de Nicaragua, porque la dictadura de Ortega y Murillo ordenó confiscar aproximadamente 1.230 kilómetros de tierras a productores y empresarios, y cuyos efectos serán devastadores tanto para la seguridad jurídica como para la inversión.
“El robo de hoy que pasa al Estado unos 18 mil kilómetros cuadrados (aproximadamente 1,230 kilómetros de fronteras por 15 de ancho) constituye la mayor confiscación en un solo día en la historia de Nicaragua. Tendrá efectos devastadores en los derechos de propiedad y las inversiones”, advirtió Chamorro.
Chamorro calificó la medida como “una locura absoluta” y advirtió que la ley implica una confiscación masiva de tierras y propiedades.
“Pueblos enteros como Somotillo, San Pedro del Norte, Santo Tomás, Cinco Pinos, Jalapa, Waspán, Cárdenas, San Carlos, El Castillo y San Juan de Nicaragua quedan dentro de la franja confiscada. Esto afecta casas, negocios, cultivos y actividades productivas como camaroneras y plantaciones de naranja”, señaló.
La ley no establece mecanismos claros de compensación ni consulta previa para las comunidades y propietarios que se verán afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos.
La medida impuesta por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se sustenta en la premisa de que se trata de "prevenir injerencias externas", reforzar la soberanía nacional y combatir amenazas como el narcotráfico y la trata de personas.
Ley para justificar concesión a empresa china
Para el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, la aprobación acelerada de la norma responde a intereses económicos inmediatos.
“Entregaron una concesión de minería china en zona fronteriza, dentro de la Reserva Biológica y en territorio Rama-Kriol. Al percatarse de que violaba la ley de zona fronteriza, modificaron la normativa de manera urgente y sin reglamentación completa”, afirmó.
Ruiz destacó además lo prematuro del proceso legislativo. “Es una ley de cuatro artículos. Uno deroga, otro ordena su publicación y lo más preocupante es que se autoriza a difundirla en cualquier medio, sin necesidad de que aparezca en La Gaceta. Eso refleja la urgencia del régimen por aprobarla sin mayor debate público”, cuestionó.
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El ambientalista advirtió también que la habilitación de nuevos puestos fronterizos en San Juan de Nicaragua, Delta, Sarapiquí y Papaturro podría beneficiar la logística de la empresa minera.
“Lo que vemos es un uso de la ley para favorecer intereses mineros industriales y desplazar a mineros artesanales, con respaldo del Ejército para asegurar el control de la zona”, alertó.
Atentado contra la propiedad privada
Juan Sebastián Chamorro insistió en que la medida atenta contra la propiedad privada. “Estamos hablando de un despojo descomunal. No hay precedentes en la historia reciente de Nicaragua de una confiscación de esta magnitud, que afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes empresas, incluidos sectores productivos clave como ganadería, pesca y agroindustria”, manifestó.
El ex preso político también advirtió sobre las implicaciones para los pueblos originarios. “Esta ley está diseñada para debilitar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, eliminando cualquier control comunitario sobre sus territorios y recursos naturales, como ha venido ocurriendo en los últimos años”, sostuvo.
