Ortega diseña una política de deuda pública a medida: define montos, usos y asegura un control absoluto
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estableció la Política Anual de Endeudamiento Público para 2026, mediante el Decreto Presidencial No. 11-2025, con el objetivo declarado de controlar y dirigir el uso de la deuda pública hacia proyectos priorizados, según sus planes políticos y económicos.
La disposición fija techos máximos para la contratación anual de deuda tanto interna como externa, así como los límites máximos para el endeudamiento neto y la suscripción de pasivos contingentes para todo el sector público.
Según el decreto publicado en La Gaceta, la deuda externa del Gobierno Central podrá alcanzar hasta 705 millones de dólares en contratación anual, con un endeudamiento neto máximo de 440 millones. La deuda interna del Gobierno Central con el sector privado tiene un límite de contratación de 60 millones de dólares, con un endeudamiento neto máximo de 53.1 millones.
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En el caso de las empresas públicas, el límite para la contratación de deuda interna es de 15 millones de dólares, mientras que la deuda externa no tendrá asignación para contratación, aunque sí se prevé un endeudamiento neto de hasta 2 millones. Finalmente, la deuda contingente está limitada a 76.5 millones de dólares, y su contratación “no podrá exceder el 10% del total de la deuda contratada por el Gobierno Central”, según el Artículo 5.
El decreto aclara que “los límites máximos de contratación se establecen de manera indicativa, lo que significa que los límites podrán ser modificados en caso de ser necesario”.
Control centralizado
Lo que hace el decreto, explica el economista Marco Aurelio Peña Morales, “es establecer límites superiores de endeudamiento, tanto externo como interno, con el fin de mantenerlo bajo control. El régimen está interesado en dejar definidos esos techos para que la deuda sea manejable”.
La dictadura Ortega-Murillo concentra la gestión de la deuda pública en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que será responsable de “evaluar trimestralmente los resultados, a fin de presentar a la consideración de la Presidencia de la República los ajustes necesarios”, dicta el Artículo 11.
Según el régimen, el endeudamiento será destinado “a proyectos prioritarios” que incluyen infraestructura vial, obras comunitarias, agua y saneamiento, energía, salud y educación, con el fin declarado de fomentar crecimiento económico y combatir la pobreza.
En este sentido, el especialista en desarrollo económico Marco Aurelio Peña señaló que, desde un punto de vista técnico, “el Ministerio de Hacienda es el encargado de la política fiscal. La política presupuestaria es parte de la política fiscal, por lo que debe velar por un manejo responsable del endeudamiento”. Peña Morales añadió que el Banco Central, que queda exceptuado de esta política, “tiene entre sus funciones asesorar al Gobierno Central en materia monetaria, financiera y cambiaria, por lo que no hay irregularidad técnica en su rol”.
Preocupación por el crecimiento de la deuda
Peña Morales explicó que el establecimiento de techos responde a un antecedente histórico: “El sandinismo no deja de tener presente lo que sucedió en los 80, el desastre económico que provocaron… el endeudamiento externo llegó hasta un 940% del PIB de Nicaragua. Se han propuesto que no pase lo que ocurrió entonces”.
Aunque el experto reconoce que los niveles actuales de deuda pública, en torno al 60% del PIB, son manejables y no colocan a Nicaragua entre los países más endeudados de la región, advierte que “con el gobierno sandinista, la deuda se ha multiplicado hasta por dos respecto a la administración Bolaños. El endeudamiento ha crecido y eso compromete recursos futuros para pagar capital e intereses, dejando menos recursos para infraestructura y proyectos de desarrollo”.
El especialista también subrayó la falta de transparencia en el manejo de estos recursos.
“El problema es cómo se rinde cuentas. No existe un gobierno abierto ni políticas efectivas de acceso a la información. Nicaragua aparece como el segundo país con mayor percepción de corrupción en el continente, según el índice de Transparencia Internacional, y entre los 15 más corruptos del mundo. Los recursos financieros obtenidos del endeudamiento están siendo gestionados por un gobierno con altísima percepción de corrupción, lo que expone estos fondos a arbitrariedad y posibles desvíos”, Enfatizó.
