Jueza de California analizará si suspende cancelación del TPS ordenada por Trump
La jueza Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito del Norte de California, evaluará el próximo 29 de julio una solicitud presentada por organizaciones migrantes para suspender temporalmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 90.000 personas de Nicaragua, Honduras y Nepal en Estados Unidos.
La audiencia se realizará en la corte federal de San Francisco, como parte del proceso judicial abierto con la demanda presentada el pasado 7 de julio por beneficiarios del TPS y organizaciones de derechos de migrantes. El caso argumenta que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de eliminar el TPS para estos tres países fue "ilegal, arbitraria y contraria" a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
El pedido concreto es que el tribunal emita una orden que congele la terminación del TPS prevista para el próximo 8 de septiembre, mientras se resuelve la legalidad de la medida.
Más de 90.000 personas al borde de la deportación
El TPS fue concedido a Nicaragua y Honduras desde 1999, tras el huracán Mitch, y a Nepal en 2015 debido al devastador terremoto de ese año. Desde entonces, ha sido renovado por distintas administraciones, permitiendo que sus beneficiarios vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos, muchos de ellos por más de dos décadas.
Sin embargo, el pasado 7 de julio, la administración Trump anunció la terminación del TPS para los tres países, con efecto a partir del 8 de septiembre de 2025, afectando a unas 72.000 personas de Honduras, 4.000 de Nicaragua y 14.500 de Nepal.
Si no hay intervención judicial, todos ellos perderán su estatus migratorio y sus permisos de trabajo, número de seguro social y otros beneficios legales, quedando expuestos a procesos de deportación.
La demanda busca frenar esa consecuencia inmediata mediante una orden preliminar. En caso de que la jueza falle a favor de los demandantes, la protección seguiría vigente hasta que el tribunal resuelva el caso de fondo. Pero si el Gobierno pierde, podría apelar ante el Noveno Circuito e incluso acudir a la Corte Suprema.
Organizaciones como la ACLU del Sur de California, FWD.us, y la propia National TPS Alliance han denunciado que la cancelación fue impulsada sin análisis humanitario, ignorando las condiciones de represión política en Nicaragua, violencia estructural en Honduras y vulnerabilidad social en Nepal. Aseguran que muchos beneficiarios tienen hijos ciudadanos estadounidenses y llevan décadas contribuyendo económicamente al país.
