Aranceles a Nicaragua entrarán en vigor el 1 de agosto, Estados Unidos da último chance para negociar
El gobierno de Estados Unidos confirmó este fin de semana que los aranceles sobre las importaciones de terceros países entrarán en vigor el próximo 1 de agosto y no el 9 de julio como estaba previsto. Esa será la fecha límite para que los países sin acuerdo bilateral con Washington, como Nicaragua, que enfrentaría un arancel del 18%, puedan evitar o reducir las tarifas.
La medida, anunciada en abril por el presidente Donald Trump, afectará de forma directa a sectores clave de la economía nicaragüense, especialmente las exportaciones textiles, agrícolas y manufactura, que dependen en su mayoría del mercado estadounidense. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró este domingo que “la puerta sigue abierta para acuerdos personalizados”, pero advirtió que “no habrá excepciones después del 1 de agosto”.
Nicaragua es el país más afectado de América Latina por esta política comercial, ya que enfrentará una tarifa superior a la impuesta a otros países centroamericano (10 %). Además, la Casa Blanca ha advertido que los países que “mantienen relaciones estratégicas o se alinean políticamente con el bloque BRICS” podrían enfrentar un recargo adicional del 10 %, lo que eleva el riesgo para el régimen de Daniel Ortega, que ha estrechado sus lazos con China, Rusia e Irán. El propio Trump ha advertido que “los países que apoyan políticas antiestadounidenses no pueden esperar trato preferencial”.
Ortega guarda silencio y aumenta la confrontación
A pesar del impacto que se avecina, el régimen de Ortega no ha informado sobre ningún proceso de negociación con Estados Unidos, ni ha anunciado medidas para proteger al sector exportador.
Washington ha mostrado disposición a dialogar con gobiernos interesados en llegar a acuerdos, como ya lo han hecho países como Vietnam o el Reino Unido, pero Nicaragua no ha iniciado contactos diplomáticos visibles.
En lugar de buscar una solución, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han intensificado su discurso contra Trump, acusándolo de “abuso económico” y “chantaje político”, sin presentar un plan concreto para mitigar los efectos de la medida.
Paralelamente, Estados Unidos mantiene activa una investigación bajo la Sección 301 por violaciones a derechos humanos y laborales, lo que podría llevar a una eventual suspensión del CAFTA‑DR, profundizando aún más el aislamiento comercial del país. Si no hay avances antes del 1 de agosto, Nicaragua enfrentará una de las tarifas más altas impuestas y un daño estructural a su economía exportadora.
