La dictadura inyectará más de 30 millones de dólares a las arcas del Ejército y la Policía con préstamos de Bielorrusia
El Parlamento de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, aprobó este miércoles dos préstamos con el banco estatal de Bielorrusia por más de 30 millones de dólares que serán repartidos entre el Ejército de Nicaragua y la Policía, los pilares represores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El grueso del fondo comprometido con el Banco de Desarrollo de Bielorrusia le fue asignado al órgano militar: más 25,5 millones de dólares, según el documento oficial. En la "iniciativa" enviada desde El Carmen -residencia y despacho de los dictadores-, dice que el dinero será destinado para comprar una flota de 205 vehículos y maquinaria a empresas vinculadas a Aleksandr Lukashenko, con el supuesto fin de mejorar las capacidades de movilización terrestre, lo que resulta un beneficio de doble vía para ese régimen.
Las compañías beneficiadas son la Holding Managing Company ( JSC AMKODOR ) especializada en maquinaria pesada y equipos especiales, y la Empresa Unitaria Estatal de Comercio Exterior Belspetsvneshtechnika, cuyo rubro es la exportación de equipos militares y de seguridad.
Al igual que Ortega y Murillo, su homólogo bielorruso Aleksandr Lukashenko enfrenta aislamiento internacional. Ambos regímenes han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otras democracias occidentales, debido a graves señalamientos violaciones a los derechos humanos, represión sistemática y represión de libertades.
En este escenario, el acuerdo financiero con el Banco de Desarrollo de Bielorrusia no beneficia a los principales brazos represores de los Ortega Murillo, sino que también afianza el alineamiento político y estratégico entre Managua y otros regímenes como los de Rusia, Irán y China.
De acuerdo con la justificación oficialista, la deuda que adquirirá Nicaragua con el banco estatal bielorruso permitirá solucionar un supuesto "déficit en movilización terrestre y maquinaria de construcción del Ejército de Nicaragua.
En el documento, los dictadores afirman que la Fuerza Armada "actualmente tiene recursos limitados para cumplir sus responsabilidades" como labores de rescate, control de áreas protegidas, apoyo en desastres, combate al narcotráfico y mantenimiento de vías estratégicas.
En el listado de los vehículos que se han comprometido comprar a Bielorrusia, con el fondo que totaliza 25,536,785 de dólares, el Ejército incluye camiones todoterreno, volquetes y cisternas, así como 29 máquinas de construcción, además de repuestos. El régimen asegura que esta inversión beneficiará a casi cuatro millones de personas, aunque no se detallan mecanismos de fiscalización sobre el uso real de los fondos.
No obstante, el Ejército ha sido cuestionado por apartarse de sus funciones constitucionales y poner sus capacidades al servicio del esquema represivo del régimen, contribuyendo a la consolidación de un aparato de control interno que garantiza a los dictadores mantener el poder mediante mediante la instauración de un estado de terror.
La Policía se queda con 4.8 millones
En el caso de la Policía, el Convenio de Préstamo con el Banco de Desarrollo de Bielorrusia es por 4,828,220 dólares. Según el régimen, los fondos serán utilizados en el proyecto de mejoramiento de la capacidad operativa de esa institución en áreas urbanas y rurales.
Aunque el régimen asegura que el objetivo es fortalecer la prevención y respuesta ante delitos como el abigeato, el narcotráfico y el crimen organizado, la Policía ha sido señalada desde 2018 por organismos nacionales e internacionales por su rol en la represión, intimidación y espionaje a opositores.
El régimen también afirmó que este proyecto permitirá ampliar su cobertura en carreteras, vigilancia en fiestas patronales, manifestaciones y desastres naturales, en lo que parece un reforzamiento de sus mecanismos de control y represión interna, más que una mejora en la seguridad ciudadana.
Estos nuevos préstamos alertan sobre un potencial reforzamiento de las capacidades del aparato represivo del régimen sandinista en momentos en que persisten las denuncias por violaciones a los derechos humanos y se mantiene la vigilancia estatal sobre cualquier disidencia.
