Ni las multas ni los nuevos límites detienen la tragedia vial: 1.091 accidentes y 13 muertes en otra semana
La Dirección de Tránsito de la Policía reportó que entre el lunes 23 y el domingo 29 de junio se registraron 1,091 accidentes, 13 personas fallecidas y 39 lesionados en todo el país. Estas cifras se mantienen en el mismo rango alarmante que las semanas anteriores, a pesar de la reciente imposición de límites de velocidad de 50 km/h para vehículos livianos y 40 km/h para motocicletas.
La Policía también informó sobre la detención de 222 ciudadanos por conducir sin licencia, 80 por manejar en estado de ebriedad y la suspensión de 665 licencias en el período analizado. Estos datos revelan que las principales causas de los accidentes siguen siendo el consumo de alcohol y las condiciones irregulares de conducción, no la velocidad por sí sola.
Desde el 17 de junio, el régimen de Daniel Ortega ordenó aplicar una campaña nacional de vigilancia extrema del tránsito, acompañada de multas severas por exceso de velocidad, que han generado malestar entre conductores y transportistas. Sin embargo, los propios datos de la Policía evidencian que la medida no ha tenido impacto significativo en la reducción de colisiones ni de muertes.
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Con frecuencia semanal, el país supera el millar de accidentes, pese al endurecimiento de las normas. Especialistas han advertido que la reducción drástica de velocidad puede ser contraproducente si no está acompañada de una mejora en la educación vial, controles técnicos reales, señalización adecuada y sanciones equitativas.
Además, el fin de semana pasado durante el evento oficialista “Motorizada Siempre 19”, cientos de motociclistas violaron abiertamente todas las nuevas disposiciones: exceso de velocidad, conducción sin casco, transporte de niños, uso de celulares, sin que la Policía interviniera.
En ese contexto, la política vial del régimen parece más una herramienta de control y represión selectiva que una estrategia real de prevención. La “seguridad vial” sirve como justificación para multar, suspender licencias y controlar a la población, mientras los afines al poder gozan de total impunidad.
