Coronavirus: Organizaciones piden frenar estigma y discriminación contra nicaragüenses en Costa Rica

Cuatro instituciones de ese país llaman al gobierno de Carlos Alvarado brindar atención médica sin discriminación.

Un repunte de contagios de coronavirus en la zona Norte de Costa Rica ha avivado la xenofobia contra los nicaragüenses por lo que diversas organizaciones se han pronunciado este jueves para pedirle al Estado promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación.

En un comunicado firmado por el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos); el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica; el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exponen algunas acciones tomadas por autoridades de ese país y que denotan discriminación hacia la comunidad nicaragüense.

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“Mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona Norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, (Alajuela)”, plantean.

Según las organizaciones, las autoridades informaron que todo paciente indocumentado, “deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. No se debe atender hasta tanto estos no se apersonen en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)”.

También las instituciones dijeron que sólo tamizarán a personas costarricenses, residentes con documentación en Costa Rica, de los contrario no realizarán el procedimiento, y consideran que todo paciente indocumentado no costarricense se debe de considerar positivo de coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario.

Ante eso, las cuatro organizaciones instaron a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y solicitaron mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización de la población nicaragüense.

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Por otro lado, demandan implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia por lo que consideran necesario impulsar acciones de sensibilización a través de campañas y elaborar protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados.

Aunque celebraron el manejo que ha hecho Costa Rica a la pandemia que azota a América Latina y las palabras del canciller de ese país Rodolfo Solano, a inicio de junio, que llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria, ven con preocupación las directrices planteadas por las autoridades en el Norte de Costa Rica, pues representan un retroceso en materia de derechos humanos.

«Esas directrices legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales», dicen.

En el comunicado, las organizaciones señalan que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense.

«Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país», denunciaron.