Monasterio confiscado a Clarisas será nuevo centro psiquiátrico en Managua

Las huellas de la persecución religiosa en Nicaragua se siguen transformando en obras oficiales. Esta semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció  inauguración del "Centro de Salud Mental Doctor Jacobo Marcos Frech", instalado en las instalaciones que hasta hace poco ocupaban las Hermanas Clarisas Franciscanas en Chiquilistagua, Managua.

La apertura del nuevo centro ocurre poco más de un año después de que el régimen expulsara de manera abrupta a las Clarisas, confiscando sus monasterios en Managua, Matagalpa y Chinandega. La orden religiosa, que tenía presencia legal en Nicaragua desde 2004, fue despojada de su personería jurídica en mayo de 2023 bajo acusaciones de incumplimientos administrativos, en un patrón que se ha repetido contra múltiples organizaciones religiosas y de la sociedad civil.

Ahora, el edificio religioso ha sido transformado en una extensión del Hospital de Atención Psicosocial "Dr. José Dolores Fletes". Según la doctora María Mercedes Correa, directora del hospital, el nuevo centro contará con un equipo de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y médicos generales, y ofrecerá servicios de atención en crisis, laborterapia y consultas en medicina natural.

"Estamos cumpliendo con la orientación de acercar la salud mental a la comunidad", declaró Correa, subrayando que el centro lleva el nombre de Jacobo Marcos Frech, un militante sandinista y figura de la psiquiatría en el país.

Además de ofrecer atención médica, el centro funcionará, según la dictadura, como espacio de formación y discusión clínica, "invitamos a la población a no temer y a aprovechar estos servicios", afirmaron. 

Práctica recurrente

La reconversión de templos y conventos en instalaciones estatales, ya sean culturales, de salud o de otros fines, ha sido una práctica recurrente del régimen desde el recrudecimiento de su enfrentamiento con sectores de la Iglesia católica tras las protestas de 2018. La confiscación de bienes eclesiásticos, junto con la expulsión de religiosos, ha sido condenada por organismos internacionales como una violación a la libertad religiosa y a los derechos humanos.

Mientras tanto, lo que fue un espacio de recogimiento espiritual para las Clarisas se prepara ahora para abrir sus puertas con otra misión: la atención psiquiátrica, bajo la vigilancia y dirección de un sistema político que ha hecho de la confiscación una política de Estado.

Las fotografías divulgadas por medios oficialiasta muestras las imágenes religiosas que dejaron las monjas  y las cuales aún mantiene el nuevo centro de atención.