Fundación del Río: nueva ley ambiental “legaliza el saqueo” de áreas protegidas en Nicaragua

La Fundación del Río lanzó una dura advertencia tras una revisión preliminar de la iniciativa de “Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible”, presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Asamblea Nacional el pasado 23 de abril.

Según la organización ambientalista, la propuesta representa un “cambio drástico” en la gestión de las áreas protegidas de Nicaragua y favorece intereses económicos por encima de la conservación del patrimonio natural.

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La principal preocupación de la Fundación se basa tanto en el contenido de la iniciativa como en la derogación del Reglamento de las Áreas Protegidas (Decreto Ejecutivo N°01-2007), vigente desde 2007.

De acuerdo con la Fundación del Río, la nueva ley busca “legalizar la extracción de los recursos naturales protegidos de Nicaragua, en línea con la política neo-extractivista impuesta por el régimen desde 2007, que ha facilitado el saqueo, el despojo y la destrucción de la Madre Tierra".

En su propuesta de Ley, la dictadura señala que los marcos conceptuales promovidos por organismos internacionales “no permiten una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza”, Fundación del Río advierte que esta retórica encubre una agenda extractiva que podría devastar ecosistemas que hoy gozan de protección legal.

Uno de los cambios más alarmantes, según la organización, es el reemplazo del concepto de “áreas protegidas” por el de “Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible” (ACADS), una denominación que, en su opinión, abre la puerta a actividades económicas dentro de estos territorios.

"Se abre la posibilidad de modificar los límites de las áreas protegidas actuales e incluso disminuir su extensión, se permitirían actividades económicas dentro de estas áreas, se autorizarían actividades geotérmicas, geológicas, minerales y de hidrocarburos en Áreas Protegidas", detalla el comunicado. Además, la ley contemplaría la caza y la pesca dentro de estos espacios, extendiendo estas prácticas más allá de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Construcciones de infraestructuras

También se permitiría la construcción de infraestructura hidráulica y para el almacenamiento de hidrocarburos, mientras que se elimina la figura de Co-Manejo en la administración de las áreas. Aunque se reconoce el trabajo de guardabosques indígenas y afrodescendientes, la centralización del poder en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), que pasaría a ser juez y parte, genera serias dudas sobre la imparcialidad en la vigilancia de delitos ambientales.

Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, exiliado fuera del país, expresó su “profunda preocupación” por los efectos de esta normativa.

“El régimen de Ortega Murillo con esta iniciativa... pretende prácticamente establecer un cambio drástico en las áreas protegidas de Nicaragua”, denunció. Ruiz subrayó que la propuesta está “vinculada a permitir los procesos extractivos que han llevado al saqueo y despojo de nuestros recursos naturales en el país”.

La organización teme que, de aprobarse esta ley, se acelere el deterioro ambiental en Nicaragua y se comprometa de manera irreversible la integridad de sus ecosistemas protegidos. Por ello, Fundación del Río hizo un llamado urgente “a la comunidad internacional ambiental a que se pronuncie frente a estos intereses que ponen en riesgo el patrimonio natural mundial”.

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La Fundación reafirmó su compromiso de seguir monitoreando y denunciando los impactos de esta iniciativa sobre la institucionalidad ambiental del país.