Régimen Ortega-Murillo impone control total sobre recursos naturales en zonas protegidas

Régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitó a la Asamblea Nacional aprobar una iniciativa de ley para confiscar madera, y materia prima extraídas en zona protegidas, tanto públicas como privadas, y aplicar multas de hasta cuatro veces el valor comercial de lo incautado.

La Iniciativa de Ley enviada este miércoles a la Asamblea Nacional, supuestamente pretende proteger las áreas de conservación ambiental y desarrollo sostenible; sin embargo, su intención es obligar a los nicaragüenses, incluso, a los que viven en las áreas protegidas, a solicitar un permiso al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) para realizar cualquier tipo de actividad o explotación maderera.

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El artículo 58 y 59 establece sanciones que van desde multas administrativas has el pago de multas equivalentes a cuatro veces el valor comercial de los productos confiscados.

“Las infracciones graves serán sancionadas con multas subproducto extraído o del daño causado, más el valor de la restauración del daño causado. Conjuntamente con la multa se aplicará el decomiso de los productos y/o subproductos extraídos ilegalmente, así como el decomiso de medios o instrumentos utilizados en la comisión de la infracción, indica el artículo 58 de la iniciativa de ley.

Multas y confiscaciones

El artículo 59, agrega que las “las infracciones muy graves serán sancionadas con multas equivalentes cuatro veces el valor comercial del producto o subproducto extraído o del daño causado, más el valor de la restauración del daño causado, además de la suspensión temporal autorizaciones, licencias y/o cualquier otro tipo de derecho en el área de conservación y desarrollo sostenible”.

En el caso de las reservas de conservación privadas, el Marena se quedará con el 50% de los productos confiscados, y al infractor se le impondrá una multa de cuatro veces del valor de lo incautado y la reparación del daño causado.

Según la dictadura, la nueva ley, “responde a la necesidad de un marco legal más amplio para la conservación y uso sostenible de recursos naturales”

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Con la nueva ley, todas las actividades relacionadas con las áreas protegidas deberán contar con un permiso de parte del Marena, tanto para pesca, pesca deportiva, pesca comercial, o la tala de árboles, y caza de faunas silvestres e incluye las reservas biológicas, parques nacionales y monumentos históricos. ​

Asimismo, ordena a la Policía y al Ejército que colaboren con el Marena en la protección de áreas de conservación.