“El régimen ha condenado a muchas personas a la muerte civil”: Corte IDH denuncia a Nicaragua ante la OEA

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Nancy Hernández López, compareció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar el desacato sistemático del Estado de Nicaragua a las medidas provisionales dictadas por el Tribunal en favor de decenas de personas en situación de alto riesgo.

Esta comparecencia se realizó en cumplimiento del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone a la Corte el deber de informar a la OEA sobre casos en los que un Estado no ha cumplido con sus decisiones.

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“Comparezco entonces con el propósito de informar sobre el desacato permanente por parte del Estado de Nicaragua a las resoluciones emitidas por esta Corte en favor de los beneficiarios de dichas medidas, que buscan proteger la vida e integridad personal de cientos de personas que enfrentan graves violaciones de derechos humanos”, declaró la magistrada.

Violaciones graves y persistentes

Desde junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales en favor de 122 personas, en respuesta a situaciones de riesgo extremo que incluyen detenciones arbitrarias, hostigamiento, exilio forzado y despojo de derechos civiles.

Según lo presentado por la Corte, muchas de estas personas fueron encarceladas y posteriormente expulsadas del país, siendo enviadas a países como Estados Unidos, Guatemala y la Ciudad del Vaticano. Varias de ellas han sido despojadas de su nacionalidad, documentos de identidad, títulos académicos, registros de nacimiento y propiedades, situación que ha llevado a la Corte a advertir sobre un estado de apatridia y “muerte civil”.

“Estas situaciones han provocado condiciones de apatridia y extrema vulnerabilidad que configuran formas contemporáneas de lo que la Corte ha denominado la muerte civil”, explicó Hernández.

Actualmente, al menos 15 personas permanecen en detención arbitraria, bajo condiciones que la Corte ha calificado como incompatibles con los estándares del Estado de Derecho y parte de una estrategia de represión política.

El Estado de Nicaragua no comparece ni informa

En febrero de 2025, el Tribunal convocó a una audiencia pública para evaluar la falta de cumplimiento de las medidas. En dicha instancia participaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las personas beneficiarias; sin embargo, el Estado de Nicaragua no compareció ni presentó los informes requeridos.

“Esta conducta evidencia un incumplimiento abierto y sistemático de sus obligaciones internacionales”, afirmó Hernández.

Reacciones de Estados miembros: Canadá, Costa Rica y Estados Unidos respaldan a la Corte

Canadá: “Una contribución significativa a la justicia y rendición de cuentas”

La delegación canadiense valoró la presentación de la Corte como un aporte clave a la justicia internacional:

“La libertad política y el respeto por los derechos humanos son la pedagogía de una sociedad democrática. La gravedad de la situación en Nicaragua ha sido llamado a una respuesta unida”, expresaron, reiterando su compromiso con la defensa de los principios de la Carta Democrática Interamericana.

Costa Rica: “El desacato no puede pasar desapercibido”

Costa Rica, como país sede de la Corte IDH, subrayó su respaldo al Tribunal y expresó profunda preocupación por el incumplimiento reiterado de las medidas provisionales:

“La Corte ha sido clara y contundente. En su resolución de noviembre de 2024 se declaró que las personas protegidas se encuentran en una situación de desprotección absoluta. Esta expresión no puede pasar desapercibida”, afirmó la delegación.

Costa Rica destacó la importancia de aplicar el artículo 65 de la Convención Americana como instrumento de garantía colectiva, e instó a la OEA a actuar sin ambigüedades ni demoras.

Estados Unidos: “El régimen reprime la fe, destruye la sociedad civil y obliga al exilio”

La representación estadounidense condenó enérgicamente al régimen de Ortega y Murillo, recordando que la represión continúa incluso en fechas sagradas como Semana Santa:

“Un año más, Ortega y Murillo y sus secuaces han evitado que se lleven a cabo procesiones religiosas, amenazando con cárcel o expulsión a quienes las realicen”, señaló la delegación.

Estados Unidos denunció también el ataque sistemático a la sociedad civil y el exilio forzado de activistas y opositores:

“Decimos que Nicaragua retorne a los nicaragüenses a su país, libres de cualquier miedo de represalias. Instamos a las autoridades a que respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho”, concluyó.