La OEA analizará el desacato del régimen Ortega-Murillo a la Corte Interamericana
El Consejo Permanente de la OEA sesionará este miércoles para abordar la desprotección en que se encuentran las víctimas de la represión por la negativa del régimen a cumplir las medidas ordenadas por la Corte IDH


- abril 22, 2025
- 10:54 AM
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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) abordará este miércoles 23 de abril la situación de desprotección en que se encuentran las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, beneficiarias de medidas cautelares, como consecuencia del desacato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El desacato permanente de la dictadura sandinista a las medidas provisionales emitidas por la Corte IDH fue incluido en los puntos de agenda de la sesión ordinaria que se celebrará en la sede del organismo en Washington, D.C., informó en un comunicado.
Según la agenda oficial, uno de los puntos principales será el análisis del incumplimiento sistemático del Estado de Nicaragua frente a las disposiciones de la Corte IDH, lo que ha dejado en situación de “desprotección permanente” a los beneficiarios de medidas cautelares.
El tema fue incluido a petición de las misiones de permanentes de Chile y Canadá en su carácter de cofacilitadores del Grupo Voluntario para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua, que fue creado en abril de 2024 luego que la dictadura decidiera retirar al país como miembro del grupo regional.
La Corte IDH declaró en desacato al Estado de Nicaragua en noviembre de 2021, tras el incumplimiento de tres resoluciones que ordenaban la libertad de al menos 21 líderes de la oposición, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia.
En esa oportunidad, la Corte IDH, recordó al régimen que estaba faltando al principio internacional de acatar las obligaciones "convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal" y le advirtió que incluiría el incumplimiento a dichas resoluciones en el informe anual del organismo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de acuerdo al artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Un año más tarde el alto Tribunal declaró al país en "desacato permanente" tras desatender numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados. "Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo", indicó la Corte IDH en una resolución.
Tras siete años de crisis, la rebeldía del régimen Ortega-Murillo frente a la autoridad de la Corte IDH no ha variado. Una de las medidas más recientes ignoradas por Managua fue la de revertir la "muerte civil" impuesta a 122 personas —entre ellas excarcelados políticos, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales— víctimas de destierro, desnacionalización, confiscación de bienes y eliminación de registros legales.
Aunque el grupo de desnacionalizados fue excarcelado o expulsado del país, la Corte sostiene que el riesgo persiste, ya que se mantiene el mismo contexto de persecución sistemática que dio origen a las violaciones. Esa resolución señala como medidas violatorias la revocatoria de la nacionalidad, el impedimento de ingreso a Nicaragua, la eliminación de registros públicos y la confiscación de bienes.
“Estas medidas constituyen una amenaza directa al derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, afectando también el acceso a otros derechos fundamentales”, subrayó la Corte en la resolución emitida el pasado mes de enero.
Durante la sesión también se discutirá la definición de la fecha y el lugar de la próxima Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, además de actos conmemorativos relacionados con días interamericanos y efemérides.
El retorno de la situación de Nicaragua a la agenda del Consejo Permanente de la OEA se enmarca en un contexto de creciente preocupación internacional por las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora ambos con el mismo poder bajo la figura de copresidencia, legalizada mediante una profunda reforma a la Constitución que, a juicio de expertos, crea las bases para la instauración de una dinastía familiar.