Expulsiones de sacerdotes son parte de un “plan criminal del régimen” en Nicaragua, asegura la ONU

El más reciente informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ejecutando expulsiones arbitrarias y colectivas contra opositores, incluyendo sacerdotes católicos, como parte de un plan criminal y sistemático de represión y persecución.

Según el informe, la motivación detrás de la expulsión de religiosos está directamente vinculada a su participación en las protestas de 2018 —incluyendo la apertura de templos para proteger a manifestantes—, su rol en el fallido Diálogo Nacional y sus denuncias públicas sobre violaciones a los derechos humanos mediante homilías, sermones y declaraciones.

Estas acciones, afirma el Grupo de Expertos, se enmarcan “en un plan criminal del Gobierno para eliminar cualquier forma de oposición y garantizar su permanencia en el poder”. El informe advierte que las expulsiones son utilizadas como un instrumento para silenciar a personas críticas o percibidas como tales, especialmente aquellas con poder de convocatoria y liderazgo social autónomo.

El informe recuerda que el odio del régimen en contra de la Iglesia y sus líderes lo ha demostrado en sus discursos públicos.

Para ilustración, pocos días después de la expulsión de varios sacerdotes el 16 de enero de 2024,  Rosario Murillo manifestó públicamente que: “en esta Nicaragua el odio se ha desterrado … Gracias a Dios! Se ha venido desterrando, y la maldad y la perversión están allá lejos, donde deben estar”, citan.

El documento detalla que este patrón represivo se consolidó durante 2023 y 2024, en lo que denomina la cuarta fase de la represión. En este periodo, cientos de nicaragüenses fueron expulsados mediante distintos métodos, en la mayoría de los casos sin garantías procesales y bajo condiciones de coerción o tortura psicológica.

Sin mecanismos de protección 

El Grupo de Expertos recuerda la expulsión de siete sacerdotes el 7 de agosto de 2024, seis de ellos pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa dirigida por Monseñor Rolando Álvarez, fueron enviados forzosamente a Roma tras detenciones arbitrarias.

La dictadura solo informó que “salieron de Nicaragua hacia Roma, Italia, han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede”. Dos días después, otros dos sacerdotes fueron igualmente expulsados.

Además de los casos individuales, el informe destaca expulsiones colectivas, como las de febrero de 2023 (222 personas) y septiembre de 2024 (135 personas). En ambos casos, las víctimas se encontraban detenidas en centros penitenciarios o en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (“El Chipote”) y fueron forzadas a firmar documentos que simulaban una salida voluntaria. El Grupo subraya que dichos documentos carecen de validez jurídica, ya que fueron firmados bajo amenaza de prolongación de la detención en condiciones inhumanas, que en algunos casos constituyeron tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El informe denuncia también la falta de transparencia en la publicación de los listados de personas expulsadas, así como el hecho de que muchas de ellas quedaron en situación de extrema vulnerabilidad y sin acceso a un recurso efectivo o a mecanismos de protección internacional.

“La represión en Nicaragua no solo persiste, sino que ha evolucionado hacia formas más sofisticadas y sistemáticas de persecución”, concluye el Grupo de Expertos, que llama a la comunidad internacional a reforzar las acciones de presión y vigilancia sobre el régimen nicaragüense.