El régimen despide, pero no paga: extrabajadores del Estado denuncian robo de liquidaciones

Después de más de una década de servicio en una institución del Estado, en una entidad encargada de velar por los derechos laborales en Nicaragua, Mario renunció en agosto de 2024 con la esperanza de recibir lo que por ley le correspondía. Ocho meses después, su liquidación sigue sin aparecer.​

"Dediqué diez años al servicio del régimen. Ahora me ignoran. Para mí esto es un robo", dice a DESPACHO 505.​ Su caso no es aislado. Decenas de extrabajadores públicos nicaragüenses enfrentan el mismo silencio cuando reclaman por sus liquidaciones, una muestra más del incumplimiento sistemático del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sus obligaciones laborales.​

Mario recuerda que se retiró de la institucipon con el salario correspondiente al último mes trabajado, esperando que las prestaciones por más de una década de servicio fueran pagadas puntualmente. Pero la realidad fue otra.​

"He preguntado varias veces y solo me dicen que el pago está en proceso, que debo esperar. Sinceramente no creo que lo entreguen porque hay mucha gente que renunció o fue despedida antes que yo y siguen esperando", asegura el extrabajador público.

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Con evidente molestia, Mario reflexiona sobre lo que considera una injusticia.​ "Dediqué más de diez años de mi vida al servicio. Ahora así funcionan, y como saben que uno no puede ir más allá del reclamo de la prestación, se hacen los de la vista gorda. Para mí eso es un robo, porque es mi derecho recibir mis prestaciones legales", afirmó.​

Despidos masivos y retención de liquidaciones

En agosto de 2024, la codictadora Rosario Murillo anunció una "barrida" en el Estado, un proceso de "reestructuración" que resultó en despidos masivos en diversas instituciones públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, entre agosto y diciembre de 2024, al menos 2,419 trabajadores del Estado fueron despedidos, lo que equivale a un promedio de 22 despidos diarios. Las áreas más afectadas incluyen docencia, salud y personal técnico-científico. ​

En 2024, el régimen realizó una purga en el sector público, eliminando a empleados que consideraba una amenaza o que no comulgaban con los ideales del Frente Sandinista.​

Uno de esos casos es el de Marcela, quien trabajaba como docente en un colegio público en Managua hasta mayo de ese año. Fue despedida sin previo aviso y, hasta ahora, tampoco ha recibido su liquidación, que asciende a unos 35 mil córdobas.​

"Cada que se pregunta cómo va el proceso del pago dicen lo mismo: nosotros le avisamos", relató Marcela a DESPACHO 505.​

Ambos extrabajadores del Estado coinciden en que las acciones del régimen no son errores aislados, sino parte de una política de represalia y abandono a los derechos laborales.​

"El único que nunca pierde aquí es el Gobierno. Ellos juegan con nosotros, con nuestro tiempo y nuestro dinero", concluyó Mario.