Ortega y Murillo confiscan casas a 30 familias para agrandar su anillo de seguridad, confirma la ONU

Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron el desalojo y la confiscación de propiedades de al menos 30 familias vecinas en el reparto El Carmen, Managua, su búnker residencial en Managua, en una nueva operación arbitraria ejecutada para ampliar el “perímetro de seguridad” de la pareja y su familia.

El despojo —ilegal, sin proceso judicial y sin compensación alguna— fue ejecutado por la Policía Nacional en conjunto con la Procuraduría General de la República, según el último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU.

“Una fuente ha explicado al Grupo que las autoridades están gestionando las confiscaciones por bloques de viviendas. Se estima que alrededor de 30 familias se han visto afectadas y han sido advertidas por la Policía Nacional que comiencen a organizar sus pertenencias, ya que deberán abandonar sus hogares”, revela el informe.

Paranoia y abuso dictatorial, familias deben ser indemnizadas

La confiscación de bienes sin compensación —incluyendo viviendas, terrenos y propiedades de personas opositoras o percibidas como tales— se ha convertido en un patrón desde abril de 2018. La ONU califica estas acciones como un método sistemático de castigo económico contra quienes critican o simplemente no se alinean con el poder.

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La Procuraduría General de la República, encabezada por Wendy Carolina Morales Urbina, juega un rol clave en la maquinaria confiscadora del régimen. Según el informe de la ONU, Morales recibe instrucciones directas de Rosario Murillo para identificar y traspasar propiedades al Estado —o a instituciones específicas— sin ningún tipo de garantía legal.

Los listados de propiedades son enviados a Catastro Físico, donde se inicia el proceso de apropiación. Algunas de esas viviendas son clasificadas como “de interés crítico para la Presidencia”. Es decir: casas que simplemente estorban la paranoia del poder.

La ONU advierte que estas acciones ilegales tienen consecuencias devastadoras para las víctimas, especialmente para adultos mayores y familias con niños. Se trata de una forma de aniquilación económica, que deja a muchas personas sin hogar, sin recursos y sin opciones.

Estas confiscaciones violan no solo el derecho internacional, sino también la propia Constitución de Nicaragua, que prohíbe expresamente la apropiación estatal de bienes sin indemnización previa.