Ejército y Policía entrenan a paramilitares en las montañas de Matagalpa, Jinotega y León

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entrena a grupos paramilitares en zonas montañosas del norte y occidente de Nicaragua, como parte de una estrategia sostenida de militarización y represión social. Así lo revela el más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que denuncia el involucramiento directo del Ejército y la Policía Nacional en estos operativos encubiertos.

En las montañas de Matagalpa, Jinotega y León, personal militar y policial, en funciones y en retiro, instruyen a civiles, excombatientes del Ejército Popular Sandinista, miembros de la llamada Reserva Patriótica y trabajadores de alcaldías en tácticas de combate irregular, camuflaje, uso de armamento de guerra y técnicas represivas.

“Se ha documentado que civiles, excombatientes del Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y funcionarios públicos de las alcaldías participaron de estos entrenamientos en 2018 y lo continúan haciendo hasta la fecha”, señala el informe de la ONU.

El informe advierte que fuerzas de seguridad extranjeras podrían estar involucradas en estos entrenamientos clandestinos, un aspecto que —según el Grupo de Expertos— requiere mayor investigación. Cabe recordar que la dictadura ha promovido públicamente acuerdos de "intercambio en seguridad" con el Ejército ruso y cuerpos policiales de China, lo que enciende aún más las alertas internacionales.

Preparados para reprimir, como si se tratara de una guerra

El entrenamiento paramilitar no es nuevo, pero según la ONU, se ha intensificado. Desde 2018, esta estructura irregular ha sido clave en la capacidad represiva del régimen. Su despliegue en la calle, su organización y eficacia no han sido fruto del azar: han sido entrenados, armados y financiados por el Estado.

Las sesiones de entrenamiento incluyen supervivencia en zonas hostiles, navegación sin tecnología, camuflaje avanzado y uso de armas de alto calibre. A cada institución pública se le exige enviar personal para ser capacitado.

“Los entrenamientos han abarcado el uso y mantenimiento de armamento de diverso calibre, incluidas armas de guerra y municiones de alto impacto”, detalla el informe.

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Además, el Grupo de Expertos revela que durante la brutal represión de las protestas de abril de 2018, estos paramilitares cobraban 300 córdobas diarios (alrededor de 8,20 dólares). El dinero salía de las alcaldías, disfrazado como pagos por supuestos proyectos de limpieza comunitaria.

Una estructura criminal dirigida desde la cúspide del poder

Este ejército irregular fue diseñado desde el corazón del poder. Según fuentes consultadas por la ONU, la operación fue articulada por la vicepresidenta Rosario Murillo y ejecutada por Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, ambos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por graves violaciones a los derechos humanos.

El informe del Grupo de Expertos vuelve a colocar a Nicaragua bajo el foco de la comunidad internacional, al exponer que el aparato represivo no solo se mantiene, sino que se fortalece con métodos militares y apoyo extranjero.

La denuncia de la ONU confirma lo que por años ha sido denunciado por víctimas, defensores de derechos humanos y exiliados: en Nicaragua no hay solo una dictadura, hay una estructura armada, entrenada y financiada por el Estado para mantenerse en el poder a cualquier costo.