La ONU identifica a 54 altos funcionarios responsables de la represión en Nicaragua

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU publicó este jueves un informe que identifica por primera vez a 54 altos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, miembros del Ejército, la Policía, y del partido Frente Sandinista como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.

El informe, de 234 páginas, detalla que las 54 personas han desempeñado funciones clave en detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la sociedad civil y la prensa, así como campañas de desnacionalización y confiscación de bienes.

"Por primera vez, revelamos cómo decenas de personas están vinculadas a las violaciones de derechos humanos y crímenes documentados en nuestros informes anteriores", afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo.

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El informe incluye en el "régimen represivo" al jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y directivos de la Asamblea Nacional, jueces y magistras de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, alcaldías y miembros del Frente Sandinista. 

Asimismo, el documento mapea las estructuras de poder y las cadenas de mando dentro del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes desde febrero de 2025 han asumido los títulos de "copresidentes" tras una reforma a la Constitución Política para instaurarse en el poder.

Según el informe, la dictadura Ortega-Murillo ha cooptado todas las instituciones estatales y ha transformado el aparato del Estado en una maquinaria de represión.

"Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales", explicó la experta del Grupo, Ariela Peralta. "Estos no son incidentes aleatorios, sino parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada".

Piden sanciones para Nicaragua

El Grupo de Expertos pidió a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes, como sanciones y apoyo a las víctimas para contrarrestar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Tambien subrayó que, el informe ofrece una "hoja de ruta para la justicia" para acusar a los implicados por los crímines de lesa humanidad.

"Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas", dijo el experto Reed Brody.

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La dictadura Ortega-Murillo ha rechazado los informes del Grupo de Experto de la ONU sobre Nicaragua, incluso, el 27 de febrero de este año decidió abandonar el Consejo de Derechos Humanos, argumentando que su actuar constituye una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y que carece de veracidad.